Cómo desestabilizar una sociedad (por ejemplo, la española)

     Resumen: una sociedad se mantiene estable cuando las fuerzas que aglutinan sus partes componentes prevalecen sobre las fuerzas disgregadoras, las que oponen a las partes entre sí y con el todo. Un estupendo caldo de cultivo, sobre todo emocional, para la desestabilización de una sociedad son las movilizaciones callejeras en favor de las fuerzas disgregadoras.

 

     En una de sus sorprendentes e ilustrativas indagaciones etimológicas, Ortega nos descubre que “ser” viene de “sedere”, “estar sentado”; es decir, que aquello que aspire a llegar a ser ha de alcanzar, para conseguirlo, un estado de reposo, de permanencia, de quietud sedentaria que pueda superponer al caos, la improvisación y el deambular errático que caracterizan el previo no ser. Lo cual, cuando estemos hablando de cosas que al hombre conciernan, habremos de saber que ha de hacerse compatible con el hecho de que la vida no consiente tampoco la inmovilidad, puesto que, como decía María Zambrano, “vivir, al menos humanamente, es transitar, estarse yendo hacia… siempre más allá”.

     ¿Cuándo una sociedad adquiere su ser? Habrá que entender que cuando el conjunto de las interacciones humanas en que consiste encuentre un marco estable en el que desenvolverse, una estructura o modo de organizarse aceptado y compartido por los individuos que la componen, los cuales consienten en supeditar sus planes personales a los acotamientos que impone el interés común. Ese marco común lo conforman las instituciones, y su sentido podríamos concretarlo en el hecho de que, a través de ellas, el todo social prevalece sobre las partes. Es a esto a lo que Aristóteles se refería cuando decía en su “Política”: “Debe considerarse a la ciudad como anterior a la familia y aun a cada uno de nosotros, pues el todo necesario es primero que cada una de sus partes; una vez destruido el todo, ya no hay partes (…) porque la mano separada del cuerpo no es ya una mano real (…) La naturaleza arrastra, pues, instintivamente a todos los hombres a la acción política”.

     Cuando los individuos dejan de atenerse a las exigencias de ese marco común, cuando los intereses y pretensiones particulares o grupales chocan unos con otros, cuando lo que disgrega es más que lo que aglutina, la sociedad se desestabiliza, las normas de convivencia se diluyen, sobreviene el caos y, finalmente, la sociedad desaparece, deja de ser. Rostovtzeff, un conspicuo historiador de la Grecia y Roma clásicas, habla así de la disgregación social que existía en los tiempos en los que la caída del Imperio romano era inminente: “Los campesinos odiaban a los terratenientes y a los funcionarios; el proletariado de las ciudades odiaba a la burguesía urbana, y el ejército era odiado por todos, incluso por los campesinos...”. La unidad nacional romana se fue, por tanto, deshilachando… Reinaba la disociación. Las fuerzas disgregadoras empezaron a prevalecer sobre las aglutinantes. Roma, finalmente, dejó de ser.

En la manifestación feminista del 8 de marzo de 2018

     Podríamos concluir, en función de lo dicho, que las crisis sociales que ponen en peligro la existencia misma de la sociedad, están determinadas por la irrupción de factores de disgregación protagonizados por las partes que amenazan con prevalecer sobre las fuerzas aglutinantes, poniendo en peligro la existencia del todo. De entre los muchos ejemplos posibles que la historia pone a nuestro alcance de ese tipo de crisis, escogeremos uno suficientemente representativo y evocador que dejó en España heridas que aún hoy no están suficientemente suturadas: el que se corresponde con el período que transcurre entre la llamada Revolución Gloriosa de 1868 y el fin de la Primera República, en 1874, el llamado Sexenio Democrático, pletórico de buenas intenciones, pero en donde la acumulación de factores de disgregación social alcanzó un grado paroxístico.

     En los años previos se habían ido acumulando ya factores de desestabilización que cristalizaron en el Pacto de Ostende de 1866 entre progresistas y demócratas, promovido por el general Prim, en el que se planteó que se imponía derrocar la Monarquía de Isabel II y nombrar un Gobierno provisional que se encargara de buscar una nueva dinastía que sustituyera a la borbónica e implantase la soberanía única de la nación y el sufragio universal. De aquello se siguió un pronunciamiento militar que condujo finalmente a la abdicación de la reina Isabel, que inmediatamente se exilió en septiembre de 1868.

     El general Serrano fue nombrado regente y el general Prim, jefe del Gobierno. Este último se encargó de buscar un nuevo rey para sustituir a Isabel II, y al final el elegido por las Cortes Constituyentes fue Amadeo de Saboya, coronado rey de España el 2 de enero de 1871, inmediatamente después del atentado en el que, precisamente, murió el general Prim, su principal valedor. El propio rey, desprovisto de apoyos suficientes, abdicó en febrero de 1873, empujando casi de modo inevitable a la proclamación de la I República. Antes había rebrotado un nuevo ramal disgregador: los seguidores del pretendiente Carlos VII, viendo la debilidad del estado, declararon la Tercera Guerra Carlista. El 11 de febrero de 1873, al día siguiente de la abdicación de Amadeo I, las Cortes proclamaron la República.

     Ganaron posiciones los republicanos federales, que aspiraban a hacer de España una Federación de estados soberanos. El 8 de junio se proclamó la República Federal: nuevo factor disgregador de una nación que hasta entonces era unitaria. Un federalista moderado, Estanislao Figueras, fue el primer presidente del poder ejecutivo. En una reunión del Consejo de Ministros celebrada el 9 de junio de 1873, después de numerosas discusiones sin llegar a ningún acuerdo para superar la crisis institucional que atravesaba el país, al parecer, el presidente Figueras agotó su paciencia y, en un momento de la sesión, exclamó: “Señores, voy a serles franco: estoy hasta los cojones de todos nosotros”. Acto seguido, abandonó la sala. Al día siguiente, dejó una carta con su dimisión al vicepresidente del Parlamento, y, sin más avisos, cogió un tren a París para no volver más. Había durado en el Gobierno cuatro meses.

     Le sustituyó el también republicano federal Pi y Margall, que, para llevar adelante su idea de República Federal, promovió la división de España en 17 estados soberanos. Apenas había asumido su cargo, empezó a ser acosado por los intransigentes de su propio partido, que exhortaron a la inmediata y directa formación de cantones, para construir la República “de abajo arriba”, lo que supondría el inicio de la rebelión cantonal. El sector moderado de su partido, viéndolo desbordado, retiró su apoyo a Pi y Margall y le hizo dimitir. Había durado en el cargo treinta y siete días. Le sucedió otro moderado entre los republicanos federales: Nicolás Salmerón. El nuevo presidente del Ejecutivo renunció pronto también a su cargo porque no quiso firmar las sentencias de muerte de varios soldados acusados de traición, ya que era absolutamente contrario a la pena de muerte. Había durado en el cargo tres meses. Para sustituirle las Cortes eligieron el 7 de septiembre a Emilio Castelar, que se mantendría hasta enero de 1874. Entonces se sometió a una moción de confianza en las Cortes, que perdió. En resumen: cuatro jefes de Gobierno en menos de dos años, algo que por sí solo ya sería expresivo de la inestabilidad política por la que atravesaba la sociedad española. Tras la dimisión de Castelar, fuerzas de la Guardia Civil y del Ejército, al mando del capitán general Pavía, entraron en las Cortes y las suspendieron. El general Serrano fue nombrado jefe del nuevo Gobierno en calidad de dictador. El 29 de diciembre de 1874, el general Arsenio Martínez Campos se pronunció en Sagunto a favor de la restauración de la monarquía borbónica en la persona de don Alfonso de Borbón, hijo de Isabel II. Serrano optó por no presentar resistencia.

     Ya con la proclamación de la República, se habían empezado a producir estallidos en la calle y huelgas revolucionarias. Más la Tercera Guerra Carlista (1872-1876). Más la Primera Guerra de Cuba (1868-1878). Más el incremento del bandolerismo. Más crisis económica y malas cosechas varios años por la sequía, más intrigas políticas permanentes, más la aparición de organizaciones obreras radicales, marxistas y, sobre todo en España, anarquistas… En 1871 tuvo lugar el movimiento revolucionario de la Comuna de París, en la que coyunturalmente tomaron el poder los activistas revolucionarios. Los movimientos utópicos de la Comuna enseguida sintonizaron, no solo con sus correligionarios españoles, sino también con la rebelión cantonalista (muchos de sus protagonistas vinieron a España una vez fracasada la Comuna y prosiguieron aquí su activismo), porque, como siempre ocurre, saben que sus ideas encuentran el caldo de cultivo apropiado cuando el estado se desestabiliza, y la descomposición del territorio es una forma estupenda de socavar el poder del estado (hoy mismo está ocurriendo esa confluencia de intereses entre los nacionalismos independentistas, que aspiran a la descomposición territorial, y la extrema izquierda que ve en ello una forma de debilitar al estado).

     Pero aún queda por citar lo peor de todo aquel maremágnum de descomposición: la locura de la rebelión cantonalista. Imbuidos de la ideología federalista, pero sobrepasando los planteamientos de los federalistas moderados, los más extremistas empezaron a proclamar los cantones independientes, que se sublevaron inmediatamente contra el Gobierno republicano. Aparecieron cantones que se declararon independientes a lo largo de toda la geografía española, especialmente en el Levante y Andalucía (entre la guerra carlista y los cantones, 32 provincias españolas estaban en pie de guerra): Alcoy, en donde además se produjo un movimiento revolucionario obrero, Cádiz, San Fernando, Sevilla, La Línea de la Concepción, Málaga, Coria, Salamanca, Ávila, Betanzos, Camuñas, Murcia, Caravaca, Jumilla, Ricote, Cieza, Lorca, Pliego... se declaran estados independientes. El cantón de Sevilla declara la guerra al de Utrera. Granada declaró la guerra a Jaén. Jumilla amenaza con la guerra a todas las naciones vecinas a través de un bando en el que proclama: “La nación de Jumilla desea estar en paz con todas las naciones extranjeras, y sobre todo con la nación murciana, su vecina. Pero si esta se atreve a desconocer nuestra autonomía y a traspasar nuestras fronteras, Jumilla se defenderá como los héroes del 2 de mayo y triunfará en la demanda, y amenaza con no dejar en Murcia piedra sobre piedra”.

     Sin embargo, el prototipo y símbolo de todos los cantones será el de Cartagena, que se declaró independiente el 12 de julio de 1873. La flota que allí estaba radicada también se proclama cantonalista y recorrerá la costa exigiendo, por ejemplo, a Torrevieja una cantidad de dinero para la causa; posteriormente pasan a Alicante y exigen también dinero, y como los alicantinos se niegan, les confiscan un barco. Lo mismo hacen en Almería y Motril. El gobierno cantonal cartaginés incluso acuñó moneda propia. Cartagena, cómo no, declara la guerra al estado español. La última acción del gobierno cantonalista de Cartagena fue mandar una carta al presidente de Estados Unidos para solicitarle que les admitieran como un estado más de aquella nación. Finalmente, asediada por el ejército español, Cartagena se rinde, pero queda destruida; solo 24 casas de toda la ciudad quedaron indemnes.

     Hegel explicaba que en tiempos de grave crisis social, “los individuos se retraen en sí mismos y aspiran a sus propios fines (…) Esto es la ruina del pueblo; cada cual se propone sus propios fines según sus pasiones”. Donde pone “individuos” pongamos también “grupos particulares”. Si alguien quiere destruir el estado, lo que tiene que hacer es azuzar a unos grupos contra otros: obreros contra empresarios, mujeres contra hombres, unas regiones contra el conjunto del estado, los pensionistas contra la Administración… En el caldo de cultivo que producen esos enfrentamientos entre las partes y entre estas y el todo, las ideologías extremistas prosperan. Es algo que sabía muy bien el nefasto ex presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, que, en vísperas de las elecciones generales del 9 de marzo de 2008, al final de una entrevista con Iñaki Gabilondo, y cuando este, ya de pie y creyéndose fuera de micrófono, pero con él aún funcionando, le preguntó: “¿Qué pinta tienen los sondeos que tenéis?”. Zapatero, candidato a la reelección por el PSOE, le contestó: “Bien, sin problemas, lo que pasa es que nos conviene que haya tensión”. Esa estrategia de la tensión ya la había utilizado, y con mucha eficacia, con las movilizaciones por el hundimiento del “Prestige” en 2002, así como las de protesta contra el Gobierno por la guerra de Irak (en la que España, sin embargo, no participó), y, sobre todo, cuando consiguió algo único en el mundo después de un atentado de aquella gravedad: fue el del 11 de marzo de 2004, en que buena parte de la población se rebeló no contra los presuntos autores, sino contra su gobierno.

Manifestación feminista-8 de marzo de 2018

     La necesidad de que haya tensión, de que las instituciones entren en crisis, de que el poder del estado se debilite para así ellos prosperar, es algo que también saben, incluso mejor que Zapatero y sus epígonos, los dirigentes de Podemos, que recurrentemente proponen sustituir la democracia parlamentaria por la “democracia de la calle”, y que, al igual que el PSOE desde Zapatero, pero con más decisión incluso, se alían con las fuerzas disgregadoras del separatismo. El 26 de febrero pasado, Pablo Echenique, Secretario de Organización de Podemos, sin duda apremiado por unas encuestas que, a raíz del movimiento aglutinante que surgió en España después del referéndum separatista catalán del 1 de octubre de 2017, les auguraban una importante caída, se apresuró a declarar que Podemos llamaba “a una primavera de movilizaciones” y anunciaba que hará “todo lo posible” para que triunfe. Sabe Echenique, evidentemente, que las movilizaciones, sobre todo si son callejeras, al margen de las instituciones, de las partes contra las partes y de las partes contra el todo, van unidas al crecimiento de los extremismos, a su propio crecimiento. Y, como ya se ha podido ver, están en ello.

La revolución catalana: morder la mano que te da de comer

Resumen: Cataluña lleva siglos disfrutando de unos privilegios que han coadyuvado decisivamente a su actual riqueza. Esos privilegios, especialmente originados en los aranceles que protegían sus productos industriales, manteniendo así cautivo el mercado del resto de España, se han obtenido a costa del perjuicio de las demás regiones españolas. No es que España no les haya robado; es que les ha pagado en gran medida su riqueza.

     Cataluña está viviendo una situación revolucionaria. Una revolución tiene lugar cuando las leyes y las instituciones sobre las que se asentaba una sociedad dejan de estar vigentes y pasan a estarlo otras que desplazan y sustituyen a las que había. Las sociedades, para que lleguen a adquirir carta de naturaleza como tales, antes de que ello quede sancionado en las leyes y en las instituciones, necesitan compartir un sustrato cultural, social, económico, histórico y político que, sirviendo de argamasa unificadora, consolide un sentimiento de pertenencia compartido entre sus componentes. Mientras tanto, las revoluciones son, en sentido contrario, el resultado de la pérdida de vigencia de ese sustrato común en el que se basaba la existencia de la sociedad, al menos para una parte significativa de los integrantes de esa sociedad. De forma subsidiaria a la pérdida de ese sustrato, son las leyes y las instituciones lo que deja de ser acatado.

     Efectivamente, una gran parte de la sociedad catalana ha perdido la referencia de ese sustrato común que nos une a los españoles. Rechazan las instituciones y leyes del conjunto de España porque, antes que eso, han concluido que la argamasa cultural, social, económica, histórica y política que les hacía participar de la sociedad española era falsa o fraudulenta y consideran que no hay tal, sino que en todos esos ámbitos la sociedad catalana tiene un discurso propio e incompatible con su pertenencia a la nación española.

     Ante esta situación, caben en última instancia dos actitudes por parte del resto de los españoles, especialmente de sus autoridades, y que en su formulación más estricta serían estas: una, aceptar, de derecho o de hecho, ese discurso e ir cediendo ante las exigencias nacionalistas, que, por tanto, se consideran fundamentadas, poniendo así la proa hacia un proceso que, consecuentemente, solo acabará en el momento en el que se produzca la separación. Otra, considerar que el fraude y la falacia residen en los presupuestos y en los argumentos de los nacionalistas, y combatirlos no solo con la ley, que por supuesto, sino dando también la batalla ideológica, con el objeto de restaurar la vigencia de aquel sustrato común. Desgraciadamente, nuestros gobernantes llevan inclinados desde hace décadas hacia la primera opción: no dan la batalla ideológica porque, descontando unas leyes que acatan pero que consideran contingentes y reconvertibles en cualquier cosa, se han subsumido de hecho en el argumentario nacionalista.

     Entre los historiadores españoles que han sacado a la luz argumentos que con toda fortaleza contrarrestan los de los nacionalistas, el que probablemente lo ha hecho con más pericia e intensidad ha sido Jesús Laínz. Laínz tiene ya los suficientes libros publicados sobre estos temas, y sus muy documentados argumentos bastarían para que, si los políticos tuvieran la costumbre de leer algo más que el Marca, adquirieran el bagaje intelectual necesario para no solo vencer en la batalla dialéctica a los nacionalistas, sino para incluso dejar en evidencia que sus fundamentos ideológicos traspasan ampliamente la línea roja del esperpento. En el último libro de Laínz, "El privilegio catalán" (Ediciones Encuentro, 2017), están todos los argumentos necesarios para dar con ventaja la última batalla ideológica que los nacionalistas catalanes han planteado, la de la ofensiva del "España nos roba". En otros momentos, plantearon la batalla del “España nos invadió”, fundamentándola sobre todo en dos sucesos históricos de un modo que, si existiera algún pudor intelectual en los nacionalistas, o incluso algún sentido del ridículo, les habría hecho prudentemente enmudecer. Esos dos sucesos fueron la Guerra de Sucesión entre 1701 y 1714, que  ellos han reconvertido en Guerra de Secesión, y la Guerra Civil española de 1936-39, reconvertida de nuevo en guerra entre españoles y catalanes. Y es la versión esperpéntica la que desde hace décadas se estudia en los colegios de Cataluña. La otra batalla que persistentemente llegaron a plantear los nacionalistas fue la de “España nos somete a un genocidio lingüístico”. Pero en realidad, Cataluña es la única región del mundo que impide que la lengua oficial del país sea lengua vehicular en la enseñanza, en contra de las recomendaciones de instituciones como la Unión Europea, la Unesco o la Unicef, que promueven que la enseñanza se transmita en la lengua materna. En Cataluña, el español tiene consideración de lengua extranjera, y se multa a los comercios que rotulan en tal idioma. Insistamos: no existe un caso igual en todo el mundo.

     Centrémonos en la consigna más propagada desde hace un tiempo por parte de los nacionalistas y a la que más específicamente dedica su último libro Jesús Laínz: “España nos roba”, presupuesto que es aceptado de hecho por nuestros gobernantes, que, por tanto, solo proponen tratar de contrarrestar la insatisfacción que ello provoca en los partidarios de la secesión mitigando ese supuesto robo con constantes compensaciones económicas y privilegios, con lo cual no hacen sino incorporarse a la dialéctica nacionalista en vez de combatirla. Descontemos las etapas históricas (siglos XVI y XVII) que hicieron que el peso fiscal y de reclutamiento de soldados de las (cuestionables) políticas imperiales los sobrellevaran de manera descompensada los castellanos en relación a lo que aportaban los súbditos aragoneses, y que ni el Conde-duque de Olivares, a pesar de intentarlo, pudo corregir. Pasando directamente a la instauración de la dinastía borbónica en la persona del denostado por los nacionalistas Felipe V (que reinó en España entre 1700 y 1746), Laínz argumenta de manera documentada cómo el gran despegue económico de Cataluña tuvo lugar precisamente a partir de la toma de posesión del nuevo rey y de, por un lado, las medidas modernizadoras del estado que llevó a cabo; pero, por otro, además, concediendo privilegios a los catalanes en el comercio con América y a través del establecimiento de aranceles para los vinos, aguardientes, tejidos y productos industriales de otros países que competían, ante todo, con esos mismos productos catalanes. Políticas que mantuvieron Fernando VI, Carlos III y Carlos IV.

     El siglo XIX, tan nefasto para España en general, fue, sin embargo, el del gran despegue industrial del País Vasco y Cataluña, especialmente durante el último tercio del siglo. Pero para que esto fuera así, ambas regiones necesitaron de la política proteccionista de los gobiernos españoles –que se mantuvo ya desde Fernando VII y durante el Trienio Liberal, y se prolongó durante todo el siglo–, que aseguraban para sus productos la cautividad del mercado español y de los territorios de ultramar que aún quedaban bajo soberanía española. Lo cual se hizo a costa de perjudicar el comercio internacional y la industria de otras regiones (de manera significativa, los productos del agro valenciano), que quedaban sometidos a las restricciones con las que, en compensación por los aranceles impuestos por los gobiernos  españoles, gravaban al resto de los productos nacionales. Ya en 1837, Stendhal, a raíz de una visita que el escritor hizo a Barcelona, dejó escrito lo siguiente: “Es digno de mención que en Barcelona (…) quieren leyes justas, con la excepción de la ley de aduanas, que debe estar hecha a su antojo. Los catalanes exigen que (…) el español de Granada, Málaga o La Coruña no compre, por ejemplo, los tejidos de algodón ingleses, que son excelentes y cuestan un franco la vara, y se sirva de los tejidos catalanes, muy inferiores y que cuestan tres francos la vara”. Pero no solo se protegió la industria de estas regiones privilegiadas a través de los aranceles, sino también mediante subvenciones recibidas del Estado.

     Entre 1868 y 1878 tuvo lugar la primera de las guerras de independencia cubanas, que prendió por varios motivos: las quejas de los cubanos por la creciente tributación casi nunca empleada en asuntos locales, las limitadas libertades políticas y de prensa, las ansias de autogobierno de cierta cantidad de criollos y, de manera especialmente destacada, las trabas al comercio con otros países de la región, especialmente Estados Unidos, debido a las políticas proteccionistas que beneficiaban singularmente a la industria catalana, y que, en represalia, llevaron a Estados Unidos a incrementar los aranceles de los azúcares y tabacos cubanos. Fueron precisamente los catalanes los más exaltados defensores de la unidad de la patria, amenazada por los independentistas cubanos, y en el llamamiento que hizo la Diputación barcelonesa para animar al alistamiento de soldados que habrían de ir a combatir en Cuba, se destacó “la trascendencia (que tendría) la pérdida (de Cuba) para el sostenimiento de nuestro comercio, industria y agricultura”. El batallón de voluntarios catalanes fue el primero de España en embarcarse hacia Cuba en marzo de 1869. En meses posteriores se reclutarían otros dos batallones. Apenas lograda la independencia por parte de Cuba, los mismos medios e instituciones catalanes que se habían destacado por su defensa exaltada de España y su unidad, pasaron, sin embargo, en cuestión de semanas, si no de días, a promover el separatismo en Cataluña. No por casualidad los separatismos vasco y catalán comenzaron a desarrollarse en aquellos días.

     Desde 1817, el tráfico de esclavos estaba prohibido por el gobierno español. Sin embargo, durante décadas, esa norma tuvo una aplicación muy deficiente. En lo que sí repercutió fue en el hecho de que los precios de los esclavos se dispararan. Y esa fue la causa del fabuloso enriquecimiento de algunos indianos. Entre los principales traficantes y propietarios de esclavos se destacaron los de origen catalán; fue gracias al dinero que afluyó a Cataluña a causa el comercio esclavista por lo que se hizo posible buena parte del enriquecimiento urbano de Barcelona (el parque Güel, por ejemplo) y otras localidades catalanas. Muchos de los patriarcas de las actuales dinastías de la burguesía catalana que pusieron a Cataluña en la primera fila de la economía española emergieron de este comercio esclavista. Debido al antiabolicionismo de los españoles, centrado en buena parte en Cataluña, España fue la última potencia europea en acabar con la esclavitud.

     La política proteccionista de la que se beneficiaba principalmente la industria catalana prosiguió durante la Restauración, y quedó bien representada en el llamado “arancel Cambó”, que este dirigente nacionalista sacó adelante durante los ocho meses que fue ministro de Hacienda, en 1921-22. Este arancel sobrevivió hasta 1960. El proteccionismo se mantuvo durante la Dictadura de Primo de Rivera. Personalidades como Unamuno, Blasco Ibáñez, Ramón y Cajal o Valle Inclán alzaron su voz contra los privilegios que ello suponía sobre todo para la industria catalana, en detrimento de la de otras regiones.

     Respecto de la etapa franquista, se puede decir de ella que las regiones más favorecidas en su política económica por el régimen fueron precisamente Cataluña y el País Vasco. No solo porque fueron oriundos de estas dos regiones un gran número de personalidades del aparato franquista que así lo propiciaron, sino porque contaban ambas regiones con muchas ventajas de partida: estaban muy industrializadas y excelentemente ubicadas, con grandes puertos de mar, con fronteras de salida hacia Europa… No fue, por tanto, casualidad que las primeras autopistas que hubo en España se construyeron para dar a estas regiones una salida a Francia. En 1975, final del régimen franquista, Cataluña, con el 6,3 % del territorio nacional, contaba con el 45,5% de los kilómetros de autopista. En cuanto a los ferrocarriles, en esa misma fecha, Cataluña contaba con 268.500 millones de pesetas de stock ferroviario frente a los 172.100 de Madrid, su inmediata seguidora. Asimismo, Cataluña y el País Vasco fueron especialmente favorecidas por la intervención gubernamental con grandes inversiones en su promoción industrial, en detrimento de otras regiones, que vieron cómo se seguían aumentando sus diferencias respecto de aquellas. Recuérdese, por ejemplo, en el caso de Cataluña, cómo el Instituto Nacional de Industria situó en Barcelona la SEAT, que, con 25.000 empleados, suponía la mayor concentración obrera de España. O la Empresa Nacional de Autocamiones (ENASA), fabricante de los vehículos Pegaso. O diversas centrales nucleares. O la Empresa Nacional de Petróleo de Tarragona. Durante el régimen franquista, Cataluña estuvo a la cabeza de España en renta per cápita, puesto que ha perdido frente a Madrid, País Vasco y Navarra durante las décadas de predominio nacionalista.

     Y en la etapa democrática hay que contabilizar el hecho de que la Constitución y el Estado de las Autonomías fueron, en buena medida, el resultado del intento de satisfacer a los nacionalistas, y que estos han recibido numerosas prebendas al ser favorecidos por la Ley Electoral, que ha llevado a constantes pactos de legislatura del PP y el PSOE con ellos, siempre a cambio de más y más privilegios, que, entre otras cosas, han conducido en ellas a la marginación y denigración de todo lo que significa España, desde su lengua a su régimen político y sus leyes.

     Ahora ha llegado el momento de decir que la Constitución, el régimen jurídico-político y la misma España, que tanto les han favorecido a estos nacionalistas a lo largo del tiempo, ya no sirven, y que hay que levantarse virulentamente contra ellos, exigiendo, además, que el resto de los españoles asistamos a su rebelión sin rechistar. El último argumento a exhibir, como ya hemos dicho, es el inscrito en el lema o mantra “España nos roba”. Como todos los nacionalismos, el de los catalanes también se levanta contra España considerándose, por razones históricas, acreedor respecto de ella. Sin embargo, el economista catalán, coordinador de la edición del libro “Cataluña en España. Historia y mito” (Ed. Gadir, Madrid, 2016), calcula que el sobrecoste pagado por todos los ciudadanos españoles por la protección arancelaria a la industria algodonera catalana (obligando a esos españoles a comprar, en un mercado cautivo, productos catalanes más caros y peores que los que hubieran llegado aquí si en el mercado hubiera regido el libre cambio) ascendería, solo en el siglo XIX y utilizando las cifras más bajas, a 510.720 millones de euros actuales. No se contabiliza en esa cifra todo lo que el resto de las regiones españolas dejó de ingresar al no poder exportar sus productos, gravados en represalia en los eventuales países importadores con aranceles correlativos a los aquí levantados en favor de la industria catalana. Tampoco se cuentan las subvenciones e inversiones que los gobiernos españoles han realizado durante siglos en Cataluña. Ni los agravios (¿cómo contabilizarlos?) que el resto de los españoles hemos recibido de los nacionalistas, a menudo en forma de muertos, por no someternos a sus dictados. Esta deuda histórica de, en el caso que nos ocupa, Cataluña con el resto de España a nadie se le ha ocurrido ni se le ocurrirá jamás reclamarla.

     Y sin embargo, nuestros actuales gobernantes han aceptado incorporarse al relato nacionalista: España les roba, admiten de hecho; y no encuentran otro modo de tratar con el separatismo que no sea intentar amortiguar ese supuesto robo con más y más concesiones. Hoy mismo, después de la rebelión abierta y de la inminente declaración de independencia por parte de los dirigentes políticos de la Autonomía catalana, sumidos como están nuestros dirigentes nacionales en el discurso de los separatistas, aún tratan de no romper con ellos los puentes de diálogo y de buen rollo, imposibles en realidad, de manera que, en vez de hacer cumplir la ley, toleran hasta el absurdo el conjunto de los actos de los independentistas que están configurando un flagrante golpe de estado. De este modo, esos dirigentes nacionales, con Rajoy a la cabeza, pero aún más Pedro Sánchez y los suyos, resultan ser parte del problema y un obstáculo para la solución. Solución que, en plena orfandad política, los españoles apenas podemos vislumbrar hoy todavía que llegue por alguna parte.

Marruecos: nuestro inveterado enemigo

     La cercanía geográfica del Islam ha supuesto para España el encadenamiento de una dilatada serie de conflictos y calamidades a lo largo de la historia. En el siglo VIII, significó la aniquilación prácticamente total de una cultura hispano-germana-romana que, a la sazón, era por entonces la más importante de Europa occidental. Durante los siglos IX y X implicó una política de exterminio contra los cristianos que habitaban en Al-Andalus, la España dominada por el Islam, y continuos ataques, las conocidas razias, contra los núcleos de resistencia que se mantenían en el norte de la Península. En los siglos siguientes, y en respuesta al avance de los reinos cristianos, llegaron aquí, procedentes del norte de África, sucesivas oleadas de contingentes de guerreros musulmanes: almorávides, almohades y benimerines, que pretendían salvaguardar la ortodoxia islámica más estricta.

     Cuando el Islam fue definitivamente derrotado en 1492, y siguiendo una pauta que permanece a lo largo del tiempo según la cual nunca renuncia a un territorio ocupado con anterioridad, se convirtió en una fuerza acechante que, hasta le expulsión de los moriscos por Felipe III en 1609, tuvo en el interior de España una eficaz quinta columna. Los moriscos españoles nunca dejaron de soñar con restaurar el poder islámico en la Península, y en el último tercio del siglo XVI promovieron la Guerra de las Alpujarras, el más cruento conflicto bélico habido en España desde el final de la Reconquista hasta la Guerra de la Independencia de 1808. Esta quinta columna islámica colaboraba en los ataques de los piratas berberiscos a las costas hispánicas que, procedentes de África, no solo realizaban su consabida labor de destrucción, sino que también capturaban españoles que convertían en esclavos. Por el frente europeo, mientras tanto, las tropas turcas de Solimán el Magnífico amenazaban gravemente en el siglo XVI a los territorios cristianos. La victoria de Lepanto, protagonizada fundamentalmente por los españoles, logró poner freno, circunstancialmente, al expansionismo islámico.

     Prosiguieron, sin embargo, los conflictos y los persistentes ataques moros a las posesiones españolas del norte de África. El 25 de septiembre de 1766, España suscribió con el sultán de Marruecos –cuyos dominios eran mucho menores de los que actualmente abarca este país– un tratado de paz y comercio que pretendía zanjar cualquier posible litigio y que venía acompañado por la designación de un embajador en Marruecos. Se reconoció entonces el derecho de España a pescar pacíficamente en la zona de Canarias y la posesión de Ceuta y Melilla. Como ha sido costumbre a lo largo del tiempo, los moros no respetaron lo pactado con España. Así, comenzaron al poco tiempo un asedio a Melilla con un ejército de trece mil efectivos militares que fracasó. Siguieron nuevos tratados y sus correspondientes incumplimientos y ataques a las posesiones españolas.

     El Secretario de Estado de Carlos III, el conde de Floridablanca, decidió, como (nefasta) señal de apaciguamiento, entregar las posesiones españolas de Orán y Mazalquivir a Argel. Igual que siempre en casos así, los musulmanes interpretaron el gesto como una muestra de debilidad. Un año después de completar la evacuación española, en 1793, fue Ceuta la agredida. El ataque, de nuevo, fracasó, pero los moros terminaron convencidos de que, convenientemente presionada, España se acabaría retirando de las partes de su territorio enclavadas en el continente africano.

     Tanto Ceuta como Melilla, así como las Islas Canarias, entraron a formar parte de los reinos hispánicos antes de que determinadas porciones de la península Ibérica fueran reconquistadas del dominio islámico que finalizó en 1492. Pero este es un argumento que carece de valor para los musulmanes. Para ellos, el contencioso de la posesión de estos territorios no se sustenta en argumentos políticos sino religiosos. No se trata para ellos tanto de liberar unos territorios de un supuesto invasor como de plasmar en hechos la legitimidad que a sus ojos tiene el Islam de extender sus dominios. El objetivo último es convertir el orbe entero, por las buenas o por las malas, en Dar al-Islam, territorio sometido al Islam. Esa estrategia se apoya en pasos tácticos que habrán de sucederse y que irán extendiendo los dominios del Islam en etapas sucesivas. La de conquistar Ceuta y Melilla, y posteriormente las Islas Canarias, son etapas en el camino hacia el objetivo final al que nunca se ha renunciado ni se renunciará.

     En 1859 las cabilas o tribus de Anjera atacaron a las tropas españolas acantonadas en Ceuta, asesinando a varios españoles y destruyendo las fortificaciones defensivas que se estaban levantando. El gobierno español declaró la guerra a Marruecos, que resultó victoriosa y obtuvo de los marroquíes las indemnizaciones solicitadas. Durante tres décadas no se produjo ningún incidente armado de importancia. Mientras tanto, en el sur, en el territorio costero del Sahara, y a partir de acuerdos verbales con los jefes de las tribus saharauis, se fueron estableciendo a finales del siglo XIX diversas factorías españolas con fines pesqueros y comerciales. Nada tenían que ver aquellas tribus con las que estaban sometidas al sultanato de Marruecos, del cual ya entonces estas recelaban. En 1893 se reanudaron los conflictos armados entre España y los cabileños, que arrasaron las obras de fortificación de Melilla esta vez. Se firmó un nuevo tratado y se acordaron asimismo indemnizaciones.

     Con la entrada en el nuevo siglo, las potencias europeas tenían razones suficientes para convencerse de que Marruecos no era sino un conglomerado inestable, y en esa medida peligroso, de cabilas. Por razones de seguridad internacional se imponía una intervención en la zona. El sultán Hafiz solicitó en marzo de 1911 la ayuda de Francia para poder mantener en pie su reino. Un año después suscribía el denominado tratado de Fez, en virtud del cual se concedía a Francia el protectorado perpetuo sobre Marruecos. Las masas marroquíes, sin embargo, se rebelaron contra el tratado, y en Fez, por ejemplo, se dedicaron a asesinar a todos los extranjeros que encontraron. Las fuerzas francesas restablecieron el orden, pero no lo consiguieron totalmente hasta 1934.

     En noviembre de 1912 Francia firmaba con España un acuerdo por el que se otorgaba a España el protectorado de una parte menor de Marruecos: 19.900 kilómetros cuadrados en los que habitaban 760.000 indígenas de origen bereber, organizados tribalmente y, especialmente el Rif, no controlado por el sultán. Las tribus del Rif conformaban un universo especialmente bárbaro, en congruencia con las costumbres islámicas: las mujeres eran consideradas inferiores y asimismo existía la poligamia; los hombres no adquirían la auténtica condición de tales y no contraían matrimonio hasta que no hubieran matado a alguien; se excluía la cárcel pero no los castigos físicos, de modo que, por ejemplo, el robo era castigado con la ceguera ocasionada mediante un hierro candente o la mutilación de la mano derecha; en algunas cabilas la homosexualidad se castigaba con la muerte (por ejemplo quemando vivos a los homosexuales), mientras que en otras los cabileños se podían proveer de efebos en mercados para su disfrute sexual… A este tipo de harkas morunas aceptó España colaborar en su regulación y administración.

     Antes de 1921 España había construido en el protectorado poco menos de 500 kilómetros de carreteras y de líneas telegráficas y telefónicas, así como caminos, escuelas, graneros… Las escaramuzas se sucedieron, sin embargo, a menudo, como cuando el rebelde Raysuli atacó con gas mostaza a una columna española en Wad-Ras, cerca de Tánger. Mientras los españoles se ahogaban por efecto de la nueva arma, los moros, provistos de caretas antigás, procedieron a apuñalarlos sin sufrir una sola baja.

     En 1919, el general Dámaso Berenguer era el alto comisario en Marruecos, mientras que el general Manuel Fernández Silvestre era el comandante de Ceuta (la otra comandancia era la de Melilla). Había concluido la primera Guerra Mundial y Francia, libre de compromisos bélicos en Europa, comenzó a exigir el dominio sobre todo Marruecos. En 1921, efectivamente, se podía decir que España controlaba, al menos en apariencia, la totalidad de su protectorado. Sin embargo, en su avance, Silvestre no había desarmado a las tribus del Rif, considerándolas pacíficas y sometidas, y los avances los realizó de una manera deficiente y descuidada desde el punto de vista del refuerzo de las líneas de abastecimiento y la disposición de los blocaos (fortines de madera desmontables).  En enero de 1921, Silvestre ocupaba la aldea de Annual, y, pese a la oposición de Berenguer, que lo consideraba escasamente prudente, siguió avanzando.

     Mientras tanto, el cabecilla moro Abd el Krim había articulado en 1920 un poderoso contingente armado aunando a diversas cabilas rifeñas. Durante aquellos días previos a Annual enardeció a sus correligionarios diciéndoles: “España (…) solo quiere ocupar nuestras tierras para arrebatarnos nuestras propiedades, nuestras mujeres y hacernos abandonar nuestra religión”. Y declaró la guerra santa contra los españoles. El 17 de julio de 1921 lanzó un ataque sorpresa sobre la totalidad de las líneas españolas. Cayó Ibereguiren, y todos sus hombres fueron pasados a cuchillo por los musulmanes. También cayeron otras posiciones (Sivestre había cometido, entre otros igualmente dramáticos, el error de dividir las fuerzas en muchas posiciones diferentes). El 21 atacaron Annual. El 22, el general Silvestre ordenó retirada general, que se convirtió en desbandada, y los españoles fueron diezmados. Silvestre resultó muerto y Abd el Krim se complacería en lucir la cabeza del general durante su posterior marcha a Tetuán. Se produjo una espantosa retirada de todas las aldeas que había entre Annual y Melilla, donde gran número de soldados y civiles resultaron muertos y se pasó a cuchillo y se torturó de la manera más cruel a los heridos. En Monte Arruit, por ejemplo, murieron dos mil setecientos soldados incluidos aquellos desdichados que se rindieron; cuando llegaron las fuerzas que reconquistaron la ciudad comprobaron lo que para un islamista significa la guerra santa (semejante a lo que hoy ocurre con el Estado Islámico): los restos de los cadáveres aparecían castrados, con la lengua y los ojos arrancados, con las manos atadas con los intestinos, decapitados e incluso violados con las estacas de las alambradas. Las propias fuerzas regulares de nativos al servicio de España se contagiaron y cambiaron de bando, pasando a participar de aquella carnicería de infieles. Las fuerzas de Abd el Krim llegaron a mediados de agosto hasta los arrabales de Melilla, donde la Legión, recién fundada, resultaba ser el último baluarte que quedaba para defender la ciudad. De manera inesperada, sin embargo, los rebeldes  no se atrevieron a atacar Melilla.

     El número de muertos españoles en el desastre de Annual, según el informe Picasso, fue de 13.192. Además, se perdió una enorme cantidad de material militar. Y la obra civilizadora de España en Marruecos a lo largo de doce años, escuelas, hospitales, dispensarios, líneas férreas, cultivos agrícolas… quedó reducida a cenizas en veinte días por las fuerzas musulmanas.

     En poco tiempo se recuperaron Nador, Zeluán, Monte Arruit… Sin embargo, Abd el Krim no tenía ningún interés en interrumpir la guerra santa contra España, y seguía dominando la región del Rif. Incluso lanzó, en abril de 1925, un ataque contra posiciones francesas que resultó tan catastrófico para nuestros vecinos europeos como para nosotros fue el desastre de Annual. Una contraofensiva hispano-francesa logró expulsar a Abd el Krim del protectorado francés, pero era obvio que solo con la derrota total del cabecilla moro volverían la paz y la seguridad. El peso de esa labor iba a recaer sobre los españoles de manera casi exclusiva. La operación decisiva comenzó con el desembarco de más de ocho mil hombres en la bahía de Alhucemas el ocho de septiembre de 1925. El 2 de octubre las tropas españolas entraban en Axdir, la capital de Abd el Krim. La victoria de Alhucemas fue una de las más importantes de la historia contemporánea de España, aunque hasta el 10 de julio de 1927 no se dio por concluida oficialmente la rebelión de Abd el Krim, que evitó ser apresado por los españoles y disfrutó de un exilio dorado a costa de Francia, en El Cairo.

     Las décadas siguientes fueron pacíficas y España llevó a cabo su labor civilizadora. El 2 de marzo de 1956 Francia reconoció la independencia de su protectorado. El 7 de abril hizo lo propio España, obteniendo previamente el reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera. Sin embargo, en las décadas siguientes el objetivo privilegiado de los ataques del estado musulmán emergente sería precisamente nuestro país.

     Una de las posesiones que España tenía al margen de Marruecos era el territorio de Ifni, que no regía como protectorado (soberanía compartida), sino que era una colonia, igual que lo era el Sahara (soberanía exclusiva de España). El primer contacto de España con el territorio de Ifni y Sáhara fue en 1476, cuando Diego García de Herrera levantó en la costa, frente a las Canarias, la fortaleza y factoría de Santa Cruz de la Mar Pequeña. El territorio, a pesar del reconocimiento internacional de la soberanía española sobre el mismo, no se ocupó militarmente hasta 1934. Pues bien, apenas unos días después de que España entregara en 1956 su protectorado y Marruecos fuera independiente, fuerzas guerrilleras promovidas por Marruecos comenzaron a realizar incursiones armadas en Ifni. Al cabo de meses de lucha despiadada, las guarniciones militares españolas se replegaron a Sidi Ifni, la capital, más un exiguo perímetro defensivo. El 10 de enero de 1958, el gobierno español convirtió, mediante decreto, en provincias españolas a Guinea, Ifni y Sáhara, con lo que sus habitantes tenían, en principio, los mismos derechos que cualquier otro español. Poco duró, sin embargo, Ifni en manos españolas: en 1969 las Cortes aprobaron su entrega a Marruecos. Como compensación, España había ultimado con el gobierno norteafricano un acuerdo de pesca… que los marroquíes, apenas se vieron dueños del territorio tras la completa retirada española, incumplieron, prohibiendo pescar a los españoles. Los marroquíes aprendieron que España, a partir de entonces, podía ser fácilmente doblegada.

     En los textos de los teóricos del imperialismo marroquí se reivindicaba que el límite norte de ese imperio debía ser Toledo, ya que hasta allí habían llegado en su día los almorávides, y al sur, Senegal y Tombuctú. Sin embargo, de momento, las agresiones marroquíes iban a limitarse a los territorios ubicados en el continente africano. En paralelo a la guerra de Ifni, en la que murieron centenares de soldados españoles, las fuerzas marroquíes, convenientemente disfrazadas de guerrilleros incontrolados, lanzaron una ofensiva contra los puestos militares del territorio del Sahara. En 1960 España reconoció que el Sáhara era un territorio no autónomo, un movimiento previo a la independencia futura. Por otro lado, la ocupación española resultaba ruinosa: el gasto de España por habitante saharaui casi cuadruplicaba al de la media de los demás españoles. A partir de 1965, la ONU exigió cada año la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Enviaron observadores y comprobaron que el sentimiento absolutamente mayoritario de la población saharaui era el de convertirse en un país independiente.  Pero Marruecos lo que quería era apoderarse del Sáhara (aunque nunca había sido un territorio sometido al sultanato de Marruecos), no impulsar la independencia de una nueva nación.

     En abril de 1973 nacía el Frente Polisario, que realizó algunas acciones armadas contra las fuerzas españolas, pero pronto se dieron cuenta sus integrantes de que el verdadero enemigo eran Marruecos y su política anexionista. Esta acabó cristalizando en lo que se conoció como Marcha Verde. Reforzando su presión, el rey Hasán II pasó el 15 de octubre de 1975 a reivindicar como territorios marroquíes Ceuta, Melilla, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas. Un día después, el Tribunal Internacional de la Haya publicó un dictamen en el que se establecía que no existía “ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos o el complejo mauritano”. Por lo que consideraba que debía celebrarse el referéndum propugnado por España. Apenas unas horas después de publicarse el dictamen, Hasán II anunció que 350.000 civiles marroquíes protegidos por el ejército iban a dirigirse hacia el Sáhara. El 6 de noviembre, la Marcha Verde invadió el Sáhara. Hasán II aprovechaba así la debilidad de un gobierno español dirigido por un Franco agonizante. Entre los civiles circulaban columnas militares armadas con blindados y autoametralladoras. Finalmente, el gobierno español claudicó.

     Entre  el 12 y el 14 de noviembre se negociaron los denominados Acuerdos de Madrid. España se comprometía a ceder el Sáhara y Marruecos a reconocer los derechos de pesca en la zona (los pesqueros españoles llevaban siglos faenando por allí) de ochocientos barcos españoles y a otros ochocientos en el resto de la costa atlántica y mediterránea por una duración de veinte años. Una vez más, Marruecos, igual que cuando se abandonó Ifni, incumplió los compromisos, y los apresamientos de pesqueros y el encarcelamiento de sus tripulaciones pasaron a ser habituales. Mientras tanto, la entrada del ejército marroquí en el Sáhara revistió auténtico carácter de genocidio. Para empezar, machacaron a cerca de cuarenta mil civiles –en su mayoría ancianos, mujeres y niños– con napalm y fósforo blanco. A ello se sumaron las ejecuciones sumarias, los saqueos, las violaciones de las saharauis ante sus familiares, las torturas…

     El siguiente objetivo marroquí, al que nunca han renunciado ni renunciarán, es la expulsión de España de las ciudades de Ceuta y Melilla. Solo esperarán el momento más propicio para pasar de nuevo a la ofensiva (por ejemplo, cuando nuestros nacionalismos centrífugos lleven a nuestra nación a un punto de colapso). Desde que Marruecos accedió a la independencia, tanto durante el reinado de Hasán II como en el actual de Mohamed VI, han sido recurrentes las reivindicaciones del reino alauita sobre la soberanía de esas ciudades españolas. Los marroquíes han estado utilizando diversas armas de presión, además de la ruptura de los acuerdos pesqueros: entre ellas, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos grandes negocios respecto de los que las autoridades marroquíes no han cumplido con su deber de controlarlos, sino que en repetidas ocasiones han actuado en connivencia con las respectivas mafias.

     2001 fue un año especialmente tenso. Entre los días 19 y 22 de agosto doscientos municipios andaluces celebraron distintos referendos en favor de la independencia del Sáhara. En respuesta, el día 27 el embajador marroquí en Madrid fue llamado a consultas y se cancelaba una cumbre prevista al más alto nivel. El 12 de noviembre el ministro marroquí de Asuntos Exteriores reivindicaba los “derechos de soberanía sobre Ceuta y Melilla”. El entonces torpe jefe de la oposición en España, Rodríguez Zapatero, viajó a Marruecos en lo que entendió como un gesto conciliador. Mientras el gobierno español desautorizaba el viaje, los marroquíes obligaron a Zapatero de manera humillante a posar ante los fotógrafos debajo de un mapa en el que Ceuta, Melilla y las Canarias aparecían como territorios pertenecientes a Marruecos.

     El gobierno de Aznar mantuvo, pese a todo, su posición favorable a la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. Marruecos volvió a utilizar la presión, esta vez recurriendo a una agresión armada: la invasión de la isla de Perejil, de soberanía española, situada en aguas del Estrecho. Si España no hubiera respondido, resultaba evidente que aquello habría sido interpretado por Marruecos como un signo de debilidad más por parte española que allanaba el camino a las futuras iniciativas que Marruecos pudiera tomar para “recuperar” Ceuta y Melilla. Afortunadamente, España respondió y recuperó de manera incruenta el islote.

     ¿Se conformó el reino alauita?

     El 11 de marzo de 2004 estallaron diez bombas en los trenes de cercanías de Madrid. Otras dos se desactivaron, y otra supuesta mochila-bomba apareció aquella noche en la comisaría del Puente de Vallecas. Murieron 191 personas y 2.057 resultaron heridas. Inmediatamente comenzaron las tareas de destrucción de pruebas, empezando por el desguace de los trenes, así como la confección de pruebas falsas. Solo hay una persona cumpliendo condena por ser autor de los atentados, Jamal Zougam, a pesar de que las bombas fueron trece (respecto de esto, un servidor escribió el siguiente artículo: http://elblogdejavigracia.blogspot.com.es/2011/12/la-increible-y-triste-historia-de-jamal.html ). No se sabe tampoco quiénes fueron los autores intelectuales del atentado. De manera vergonzosa, las instituciones, la prensa y la misma opinión pública renunciaron a saber lo que pasó, a pesar de las incuestionables interrogantes y lagunas que rodean el suceso. Todo lo cual legitima la especulación de los únicos periodistas que han seguido dando la voz de alarma al respecto de este fraude descomunal, que consideran probable la implicación de los servicios secretos marroquíes en el atentado, como manera de responder a la humillación sufrida por Marruecos en Perejil, de forma que las instituciones prefirieron ocultar esa posible verdad (y colaborar en la destrucción de pruebas) porque ello hubiera supuesto muy probablemente un enfrentamiento bélico con Marruecos.

(La mayor parte de la información necesaria para la elaboración de este artículo ha sido extraída del libro de César Vidal “España frente al Islam”, La Esfera de los Libros, 2004)

El papel reaccionario de la Iglesia a lo largo de nuestra historia

     El punto de inflexión que habremos de tomar como referencia, puesto que en él quedó marcada la Iglesia como institución reaccionaria frente a la dinámica histórica más poderosa y decisiva de todos los tiempos, podemos situarlo en el Concilio de Trento de 1545, origen de la Contrarreforma, que España decidió abanderar. Y quedaría reflejada la situación que entonces se creó en el recrudecimiento de la polarización que ya estaba caracterizando a la cultura europea: en uno de los polos estaban germinando maneras de ver el mundo que quedarían representadas por personajes como Galileo Galilei (1564-1642), creador del método científico e iniciador de una serie de descubrimientos que servirían de anuncio y preparación para la gran revolución científica y tecnológica de los siglos posteriores; en el otro polo se situaba la poderosa Iglesia, obsesionada con castigar como herejías esas actitudes intelectuales entonces emergentes y que han desembocado en lo que, gracias a ellas,  hoy es Occidente. El brazo armado de la Iglesia, la Inquisición, se dedicó a perseguir a las personas que estaban dejándose impregnar de la curiosidad por los fenómenos naturales que había empezado a irrumpir en el Renacimiento. Fue la Iglesia, a través de la Inquisición, la que ordenó quemar vivo a Giordano Bruno por abrir su mente a aquella curiosidad indagadora. Galileo, por su parte, pecó asimismo de haber comprendido que “el Universo está escrito en el lenguaje de las Matemáticas” y de observar con espíritu indagador lo que ocurría en ese Universo, hasta deducir, por ejemplo, que la Tierra giraba alrededor del Sol. Acusado de herejía por ello, fue obligado a desdecirse; su confesión le libró de la prisión y la tortura a los 70 años que entonces tenía. A cambio, sufrió arresto domiciliario de por vida y fue obligado a “rezar los siete salmos” en penitencia, obligación en la que quiso sustituirle su querida y abnegada hija monja, María Celeste.

 

     En plena sintonía con esa Iglesia reaccionaria, y mientras en Europa se abría paso la ciencia experimental, en la España que había empezado a regir la dinastía de los Austrias  –ellos fueron quienes nos pusieron a la cabeza de la Contrarreforma–, los referentes culturales, podríamos decir que alternativos, eran los místicos. Y aunque, ciertamente, la Inquisición no fue en España más cruel que en otros sitios, su impronta marcó, sin embargo, los límites del ambiente intelectual al que estuvimos sometidos los españoles durante varios siglos, hasta la tardía desaparición de aquella lamentable institución en 1834.

     Llegamos al tiempo del siguiente gran impulso histórico, la Ilustración, plenamente condicionados por el poder omnímodo de la Iglesia, que, a través de su absoluto control sobre la educación, siguió suponiendo un lastre a la hora de permitir que en España penetraran las nuevas actitudes intelectuales que encaminaban hacia la revolución científica. Por otro lado, la Iglesia contaba con un enorme poder económico en bienes inmuebles, que en sus manos se convirtió en gran medida en improductivo. Tal era su influencia sobre la marcha de las cosas, que cuando nuestros liberales llevaron a cabo la revolución que supuso la proclamación de la Constitución de 1812, no se atrevieron a cuestionar aquel poder eclesiástico, de modo que en esta ley fundamental no quedó consagrado el principio de libertad religiosa. Las conciencias iban a seguir seguido siendo vigiladas y tuteladas por la institución eclesiástica y por la Inquisición. La vuelta de Fernando VII en 1814 significó incluso un mayor reforzamiento de su poder.

(A partir de aquí, me apoyaré, sobre todo, en datos extraídos del libro “El traje del emperador”, de César Vidal, Premio Stella Maris de Ensayo de 2015)

     Murió el rey felón en 1833, y el clero se apuntó masivamente al bando del carlismo absolutista, que entró en guerra contra los liberales, postura que se reforzó cuando en 1834 la Iglesia quedó privada de la perla de su poder al ser abolida la Inquisición. El Estado liberal nunca fue suficientemente fuerte a lo largo del siglo XIX, y sus medidas para acabar con el poder de las castas hasta entonces dominantes, como la misma Iglesia, fueron frágiles e insuficientes. Una de las tareas que era preciso abordar era la de la desamortización, que había de consistir en el hecho de  poner en el mercado, previa expropiación forzosa y mediante una subasta pública, las tierras y bienes que hasta entonces no se podían enajenar (vender, hipotecar o ceder) y que se encontraban en poder de las llamadas “manos muertas” (improductivas), es decir, fundamentalmente, la Iglesia Católica y las órdenes religiosas; también la nobleza y las tierras de propiedad comunal de los pueblos quedaban afectadas por esta medida. Los propietarios hasta entonces de todas estas tierras tampoco tributaban por ellas al fisco. La desamortización ya se había llevado a cabo en la Europa del Norte en la que triunfó la Reforma durante el siglo XVI y en Francia durante la revolución del siglo XVIII. Mendizábal, ministro de la regente María Cristina no hizo bien la desamortización en 1836-37, pues consiguió que fueran los grandes propietarios los únicos capaces de entrar en la puja por las tierras liberadas, con lo que se aumentó el poder de los latifundistas, especialmente en el sur de España, sin llevar a cabo la necesaria reforma agraria que debía de haber convertido en propietarios a los pequeños y medianos campesinos, objetivo que tampoco logró Madoz en 1855, cuando llevó a cabo una nueva desamortización. Además, aunque se hacía preciso desamortizar el excesivo número de conventos y monasterios existentes, el patrimonio cultural quedó muchas veces devastado, y asimismo, la deforestación que llevaron a cabo los nuevos propietarios supuso una catástrofe ecológica. Por su parte, la Iglesia a lo que se dedicó fue a excomulgar tanto a los expropiadores como a los compradores de las tierras: ni buena ni mala, era partidaria de ninguna desamortización.

     En 1834, los liberales moderados procedieron a la elaboración de un Estatuto Real, una especie de sucedáneo de la Constitución, de cuya redacción se encargó Martínez de la Rosa. Partía de la base de que la soberanía no residía en la nación sino en el rey, y dejaba sin reconocer la libertad religiosa. Tras un pronunciamiento de sargentos de la Granja en 1836, se promulgó una nueva Constitución en 1837, pretendiendo corregir ambas insuficiencias. En tal ocasión, el general Espartero, liberal progresista, desplazó de la regencia a María Cristina de Borbón, que asumió él mismo con la pretensión de asentar un verdadero orden constitucional liberal. Las oligarquías catalanas (afectadas por la pretensión del nuevo gobierno de suprimir el proteccionismo arancelario) y la eclesiástica conspiraron hasta lograr la expulsión de Espartero de la vida política. Fue sustituido por el general Narváez, el cual trabajó para conseguir una nueva Constitución intermedia entre el Estatuto Real de Martínez de la Rosa y las constituciones liberales, en la cual se consideraba que la soberanía era esta vez compartida por el rey y la nación; asimismo se suscribió un Concordato que regulaba las relaciones entre el Estado y la Iglesia, y que consagraba numerosos privilegios favorables a esta: de nuevo se negaba la libertad religiosa en favor del catolicismo, se dejaba la educación en manos de la Iglesia y el estado asumía la obligación de mantener al clero diocesano.

     En 1854 Espartero regresó al poder con la pretensión de que el liberalismo recuperara la iniciativa, y cuando en 1856 una nueva constitución iba a devolver la soberanía a la nación, el general O’Donnell se hizo con el poder y consiguió que no llegara a aplicarse nunca. Los privilegios que la Iglesia había recuperado con Narváez se mantuvieron e incluso se ampliaron.

     En 1868 se derrocó a Isabel II y se dio por terminado un régimen entonces exhausto. Aunque el nuevo régimen que empezaba, el del Sexenio Revolucionario, tenía una vocación profundamente democrática y pretendía limitar privilegios como aquellos de los que disfrutaba la Iglesia, la disgregación política entonces existente hizo finalmente inviable primero la nueva monarquía que iba a encarnar en Amadeo de Saboya, y después, desde 1873, la República que entonces se instauró. El clero católico no dudó entonces en azuzar a los carlistas para que se levantaran de nuevo contra el régimen constituido. Del fracaso final del Sexenio Revolucionario nació el régimen de la Restauración, con Alfonso XII convertido en nuevo rey.

     La Constitución de la Restauración, promulgada en 1876, significó en general un claro retroceso: la soberanía volvía a dejar de residir en la nación para pasar a ser compartida por el rey y las Cortes; el Poder Legislativo también estaba mediatizado por el rey, y el Ejecutivo recaía asimismo sobre este. Y aunque el conservador Cánovas entendió como indispensable la proclamación de la libertad religiosa y que el Estado conservara su autoridad sobre las escuelas y universidades, dictó medidas para apoyar a las finanzas eclesiales con dinero público. La reacción de la Iglesia fue, pese a todo, de una extrema hostilidad, que se intensificó cuando en 1881 Sagasta y los liberales llegaron al poder.

     Dios los cría y ellos se juntan: los nacionalismos vinieron a heredar, tanto en su ideología absolutista y feudalizante como en las zonas geográficas en las que predominaron, a los carlistas. Y allí estuvo también la Iglesia, a fines del siglo XIX, articulando el nacionalismo vasco y el catalán. Cuando en 1903 murió Sabino Arana, el PNV sobrevivió gracias al respaldo explícito de la Iglesia católica. En conjunto, detrás de la mayoría de los numerosos infortunios que aquejaron nuestro atormentado siglo XIX, estuvo la Iglesia como deplorable promotora o participante.

     El conde de Romanones, a la sazón ministro liberal de Instrucción Pública, anunció en 1901 que se respetaría la libertad de cátedra de los profesores universitarios y suprimió la religión como asignatura obligatoria en las escuelas públicas de enseñanza secundaria. En 1906, el nuevo gobierno liberal presidido por Segismundo Moret presentó un programa de reformas que de nuevo incluía la libertad religiosa y otras medidas indispensables para cualquier estado en que el poder civil y el eclesiástico estén delimitados y sean independientes. La reacción de la Iglesia, para variar, fue de una virulencia extrema. Tras un gobierno del conservador Maura, cuando Canalejas retomó el poder para los liberales retrocedió ante las presiones eclesiales. La dictadura de Primo de Rivera fue bien acogida en 1923 por la Iglesia católica, aunque esa buena sintonía se rompió por el enfrentamiento del dictador con los separatistas catalanes, aliados de la Iglesia.

     El año en que llegó la República, en 1931, se volvió a proclamar la libertad religiosa, la voluntariedad de la educación religiosa en las escuelas públicas, el matrimonio civil, un poco más adelante el divorcio, además de otras medidas secularizadoras igualmente sensatas y tendentes a la separación de la Iglesia y el Estado que fueron, todas ellas, recibidas por aquella no ya como una ofensa, sino con beligerancia. Lo cual no ayudó a calmar, precisamente, el clima de creciente crispación que estaba encaminando hacia la guerra civil. Cuando en 1933 la CEDA pudo condicionar, después de ganar las elecciones, al gobierno del republicano Lerroux, se permitió el regreso de la enseñanza confesional. Cuando en 1934, el PSOE, los nacionalistas catalanes y otros grupos dieron un golpe de estado revolucionario y, después de fracasar, llegó la hora de la represión, resultó significativo el hecho de que las solicitudes de clemencia de los obispos favorecieran únicamente al nacionalismo catalán, no a los demás condenados de ideología izquierdista.

     El colectivo más beneficiado por el triunfo de Franco en la Guerra Civil fue, sin duda, la Iglesia católica: no solo logró que se derogara toda la normativa republicana que había estado encaminada a separar Iglesia y Estado, sino que la enseñanza quedó en sus manos, de modo que la asignatura de religión se declaró obligatoria en la enseñanza primaria y secundaria; se eliminaron de las bibliotecas todos los libros que pudieran considerarse “contrarios a la moral cristiana”; se purgó del estamento del profesorado no solo a aquellos que hubieran apoyado al Frente Popular, sino incluso a los que no hubieran asistido a misa con regularidad. Durante décadas, la esencia del régimen de Franco no estaría decidida por la Falange, el Ejército u otras facciones del llamado Movimiento Nacional, sino por la Iglesia católica. No deja de ser significativo que España quedara en 1948 fuera de la ayuda del Plan Marshall porque la condición que exigían los Estados Unidos, esto es, que hubiera libertad religiosa para los protestantes españoles, no fuera aceptada por los obispos. Toda esta situación quedó consolidada con el Concordato que suscribió el régimen de Franco con la Santa Sede en 1953, en el que además se estableció que los clérigos disfrutaran de inmunidad judicial (lo que significaba que solo podrían ser procesados con permiso del obispo y cumplir condenas en cárceles especiales), que las instituciones eclesiásticas y los emolumentos del clero estuvieran exentos de impuestos, y que los programas de televisión y radio tuvieran espacios para defender “la verdad religiosa”, según la entendía la Iglesia, que asumía también las tareas de prohibición y censura de publicaciones y de libros.

     Desde el comienzo de la década de los sesenta, la Iglesia iba a realizar un giro radical que le permitiría situarse como una de las fuerzas sociales más decisivas de cara al futuro, junto a otras fuerzas que irían emergiendo paulatinamente hasta la llegada de la Transición. El nuevo camino escogido por la Iglesia no iba a alterar excesivamente, sin embargo, su posición reaccionaria y de rémora histórica. El punto de inflexión lo marcó el Concilio Vaticano II, que fue anunciado por Juan XXIII en enero de 1959, comenzó en 1962 y terminó en 1965. En España, el cambio de rumbo de la Iglesia respecto del régimen franquista se suele situar en el papel activo que desempeñó en el nacimiento de ETA, organización que surgió en el colegio de san Ignacio de San Sebastián, en 1959. No solo los nacionalistas vascos en general, vinculados ya a la Iglesia desde sus orígenes, iban a ser los beneficiarios de esa Iglesia renovada: en abril de ese mismo año estallaron en Asturias huelgas relacionadas con la minería, en las que se implicaron activamente algunos sacerdotes y obispos. En 1963, asimismo, el abad de Montserrat, Aurelio María Escarré, defendía el nacionalismo catalán en unas declaraciones a Le Monde.

     En diciembre de 1970 tuvo lugar el Juicio de Burgos contra dieciséis miembros de ETA acusados, entre otras cosas, del asesinato de tres personas. En el contexto de aquel juicio, la organización terrorista secuestró al cónsul honorario de la República Federal Alemana en San Sebastián, para lo cual contó con el apoyo directo e indispensable de varios sacerdotes. Asimismo, la Iglesia católica cedió locales para reuniones y encierros en favor de ETA y difundió distintas pastorales en apoyo de los terroristas juzgados. En paralelo, en Cataluña, la abadía de Monserrat se abría para servir de sede para un encierro en solidaridad con los terroristas. Por otro lado, cuando en 1972 la policía detuvo a los principales dirigentes de la organización comunista entonces ilegal, Comisiones Obreras, fue significativo el hecho de que la detención tuviera lugar en el convento de Oblatos de Pozuelo de Alarcón. Ninguna de estas tomas de postura de la Iglesia fue circunstancial ni aislada, sino parte de una línea de actuación sistemática y consecuente. Si no otras, o no en demasía, sí fueron lacerantes las actuaciones de la Iglesia catalana y vasca a favor del nacionalismo, e incluso la implicación de esta última en las acciones terroristas, bien colaborando muchos de sus sacerdotes directamente en ellas o bien prestando sus locales a los terroristas y negando, por el contrario, sus iglesias a las víctimas para sus funerales o, en fin, expresando más o menos sutilmente en sus pastorales y declaraciones su proximidad o comprensión con el terrorismo. El resto de la Iglesia española, como casi siempre, se dedicó en gran parte al sofisticado arte de lavarse las manos, buscar simetrías o hacer mutis por el foro. El nuevo régimen de “coexistencia” con el terrorismo (es decir, a fin de cuentas, de rendición a las exigencias de este) que siguió a los acuerdos de la banda terrorista con Zapatero, y que Rajoy mantuvo vigentes, nació significativamente en la casa de los jesuitas de Loyola, donde se firmaron los acuerdos. Incluso el papa Benedicto XVI bendijo el denominado “proceso de paz”, que coadyuvó decisivamente para colocar el porvenir de nuestra nación sobre un plano descendente que estamos recorriendo y que a nada bueno puede conducir.

     Y a lo que íbamos: la Iglesia católica, principal beneficiaria de la dictadura de Franco, se situó decididamente, a partir de la década de los sesenta, en contra del régimen, e incluso acabaría jugando un muy importante papel, a través sobre todo de la figura del cardenal Tarancón, en el modo en que se fue diseñando la Transición. A la vez, como se ve, iban emergiendo nuevas castas políticas que, con ayuda de la Iglesia, fueron también posicionándose en puestos hegemónicos de cara a esa futura Transición.

     En enero de 1979 se procedió a la firma del acuerdo entre España y la Santa Sede, en donde la Iglesia, entre otras ventajas, adquiría una dotación económica que no suponía merma alguna respecto de la que disfrutó bajo la dictadura de Franco. A lo cual se sumaba un extraordinario abanico de exenciones fiscales, especialmente la de los impuestos reales o de producto sobre la renta y sobre el patrimonio, así como de sucesiones y donaciones (en 1987, con Felipe González en la Jefatura del Gobierno, estos privilegios fiscales se ampliarían con la posibilidad que se permitió a las grandes fortunas de constituir SICAVs, que estaban exentas de numerosos impuestos). También se garantizaba en aquel acuerdo la enseñanza obligatoria de la asignatura de religión salvo en COU y estudios universitarios, impartida por docentes autorizados por la diócesis respectiva (en 1990 pasó a ser asignatura optativa). En 1993, Felipe González equiparó a efectos salariales y de seguridad social a los profesores de religión católica (unos 13.000) con el resto de los profesores, que habían accedido a su puesto mediante oposición (aquellos quedaron incorporados como interinos). Los privilegios de la Iglesia quedaron significativamente ampliados cuando en 1996 Aznar, de manera anticonstitucional, le entregó la posibilidad de inmatricular bienes inmuebles sin necesidad de justificar, mediante procedimiento judicial, escrituras públicas o actas notariales, que la propiedad que se registraba a nombre de la Iglesia era realmente suya; todo ello, claro está, siempre y cuando esas propiedades carecieran de escrituras previas. El número de fincas inmatriculadas por la Iglesia por este método fue de varios millares. Zapatero, en septiembre de 2006, suscribió asimismo unos acuerdos con la Iglesia católica en materia económica por los cuales adquiría esta un status económico aún más privilegiado que en las décadas anteriores.

     De todo lo expuesto, se decanta la conclusión de que la Iglesia, apoyada en su papel de reconocida administradora de las formas de acceso a un más allá que dé sentido a la existencia en la tierra, ha sido la institución más poderosa de la historia de España, y muy pocas veces para bien. Aunque tuvo una función civilizadora en sus primeros siglos de existencia, especialmente a partir del Renacimiento ha jugado, sin embargo, un papel estrictamente reaccionario, coartando la libertad de pensamiento bien por la fuerza bruta o por la derivada de su control de las instituciones de enseñanza, y, a partir de la Ilustración, luchando abiertamente contra los impulsos del liberalismo de ir generando unas instituciones democráticas y una sociedad abierta. Asimismo, su papel como gran propietaria de inmuebles ha sido propio de un sistema feudal, lastrando gravemente la producción de riqueza; y los privilegios fiscales y tratos de favor acumulados en cuestiones de economía han resultado ser atentatorios contra el principio de equidad. Y respecto de su papel con los nacionalismos y el terrorismo, es de esperar que cuando los actores eclesiásticos implicados tengan su entrevista post mortem con San Pedro, este les diga que se han equivocado de destino y que a donde tienen que ir a parar es al puñetero infierno.

Acción y reacción en la historia de España

     Decía Anaximandro, uno de los tres primeros filósofos de la historia, que en el principio todo permanecía en un estado de equilibrio, formando parte del ápeiron, lo indefinido e ilimitado. En aquel magma original nada particular había salido a la existencia, porque, si algo hubiera pretendido hacerlo, su contrario habría reaccionado de forma compensatoria y lo habría devuelto al estado de equilibrio y de indiferencia. Acción y reacción, pues, se contrarrestaban. Al final, acabaron naciendo las cosas a causa de que unas se impusieron injustamente a sus contrarias, rompiendo así el equilibrio original. De esa injusticia nacieron, pues, las cosas emparejadas con sus opuestos: el frío y el calor, la noche y el día, lo duro y lo blando, lo dulce y lo amargo… que no pararían de disputarse entre ellas y de alternar eternamente su respectiva primacía. Bueno, eternamente no; al final, según Anaximandro, todas las cosas acabarían regresando al equilibrio original y se disolverían de nuevo en el ápeiron.

Ilustración: Samuel Martínez Ortiz

     Nuestra historia, precisamente, constituye una depurada demostración de esta ley según la cual toda acción va seguida de su correspondiente reacción, presuponiendo que, según hubiera dicho el filósofo griego, aquella trataba de prevalecer injustamente, y antes de que tal injusticia se consumara. Ocurre, sin embargo, que si el ámbito de aplicación de esa ley de la acción y la reacción fuera general y absoluto, la historia no habría sido posible, porque para que exista dinamismo histórico es preciso que la acción prevalezca sobre la reacción; de otra manera, todo acabaría estancado en el punto cero, en el cual dejaría de haber movimiento, demostrada su inutilidad, y no existiría el progreso hacia formas cada vez más complejas de las cosas, que es lo que, sin embargo, se dedica a hacer la evolución. Pero no hay duda de que, pese a todo, en España la idea de Anaximandro de que toda acción sería una especie de injusticia que exige su reacción compensadora y reparadora se ha cumplido bastante fielmente.

     El hecho de que en estos últimos siglos que abarca la Edad Moderna la historia haya adquirido un dinamismo arrollador permitiría explicar el hecho de que en España, tan apegados como estábamos a las tesis de Anaximandro, no hayamos sabido seguir el ritmo que marcaban los países más dinámicos de nuestro entorno. Así, por ejemplo, y para empezar, los azares que en el siglo XVI condujeron al cambio de dinastía de los Trastámara por los Austrias, provocaron que finalmente, cuando en Europa iban tomando cuerpo mentalidades lo suficientemente abiertas como para que el estudio experimental de la naturaleza y el método científico fueran abriéndose paso, aquí optáramos por el movimiento reaccionario de la Contrarreforma, que hizo que en muchos sentidos nos situáramos en la estela de una Edad Media que la historia quería dejar atrás.

     En el siglo XVIII empezó a abrirse paso en toda Europa la Ilustración, y la idea de que la soberanía residía en los ciudadanos en vez de estar encarnada en las monarquías absolutas iba haciéndose cada vez más consistente. No fue aquel un mal siglo para España, al menos hasta la muerte de Carlos III, pero ya su hijo Carlos IV, y sobre todo el hijo de este, Fernando VII, encabezaron un movimiento reaccionario que frenaría poderosamente el avance del liberalismo a lo largo del siglo XIX. Ese movimiento reaccionario, representado especialmente por el carlismo absolutista, lastró gravemente entre nosotros la marcha a lo largo de ese siglo, y las consecuencias de todo aquello seguimos sufriéndolas a día de hoy, puesto que los nacionalismos se desarrollaron como prolongación de aquel carlismo, y en los mismos lugares en los que este prevaleció.

     La República fue recibida en 1931 por muchos españoles como el cauce político que se estaba necesitando para dar un impulso definitivo a la modernización de nuestro país. Nuestros mejores intelectuales, y a la cabeza de todos ellos José Ortega y Gasset, la recibieron pletóricos de esperanza. Pero desde el principio muchos de los que ayudaron a traer aquella República empezaron, paradójicamente, a conspirar contra ella. El partido más importante de la izquierda de entonces, el PSOE, especialmente después de perder las elecciones en 1933 y tras apartar de la presidencia de UGT al moderado y destacado intelectual Julián Besteiro, asumió plenamente las ideas revolucionarias que habían triunfado en Rusia y, bajo la presidencia de Largo Caballero, el llamado Lenin español, pasó a considerar a la República como una democracia burguesa que era necesario sustituir por la dictadura del proletariado. Desde ese epicentro, compartido con el que emanaba desde un anarquismo que siempre se mantuvo en los aledaños del terrorismo, y el del disgregador separatismo, así como el freno que a toda posible evolución oponían las élites dominantes, se generó una inestabilidad política y social cada vez mayor que desembocó en la Guerra Civil y en la Dictadura, y de nuevo el avance de España hacia la modernidad fue dramáticamente obstaculizado.

     Y hemos llegado, en fin, al momento presente. Cuando hace unos años parecía que habíamos superado nuestras crispaciones y proverbiales enfrentamientos, estando plenamente incrustados en esa zona del mundo privilegiada que es Europa y con unas instituciones que a priori tenían que haber servido perfectamente para la tarea, debería haber resultado fácil discurrir hacia la conformación del estado moderno que caracteriza a los países del norte de Europa. Sin embargo, los movimientos reaccionarios frente a esa posibilidad han surgido por doquier y los españoles no acabamos de despejar el camino hacia el progreso. Nacionalistas, poderosos grupos de inspiración totalitaria, unos partidos mayoritarios y unas instituciones que han dilapidado todo el capital de credibilidad con el que una vez contaron, así como una organización territorial disparatada y despilfarradora se han convertido de nuevo en las trabas que recurrentemente hemos ido poniéndonos los españoles cuando lo que tocaba era avanzar.  El deseo de regresar, de desandar lo andado, de impedir el progreso hacia el estado moderno resulta ser, una vez más, especialmente poderoso en nuestro país. La añoranza del ápeiron parece que puede con nosotros.