Los síntomas principales a través
de los cuales una sociedad demuestra su estabilidad, que podríamos hacer
equivalente a la coexistencia pacífica entre los individuos y el estado, es el
respeto al principio de legalidad, la confianza en las instituciones, la
consideración hacia las normas culturales, y una idea suficientemente
implantada en los individuos de arraigo y pertenencia a su comunidad. Cuando
esto no es así, es que la sociedad ha entrado en crisis.
La civilización occidental ha
atravesado varias crisis de gran envergadura a lo largo de su historia, que han
respondido a pautas que son comunes a todas ellas. La primera gran crisis tuvo
lugar en el mundo antiguo. La retracción hacia lo particular y correlativa
desconfianza hacia lo público coincidió con la aparición de las filosofías
escépticas y cínicas, y más tarde, en una etapa de reactivación o recrudecimiento
de aquella crisis, del cristianismo. En tales ocasiones, como dice Ortega y
Gasset, “desde las alturas de la sociedad se ve pulular en sus capas profundas
una muchedumbre de hombres extraños, vestidos de sayal burdo, con una estaca en
la mano y un morral al hombro, que reúnen a la gente popular y gritan delante
de ella (…) Esos propagandistas demagógicos son filósofos cínicos o
semiestoicos (y más tarde se añade) una casta nueva: los proselitistas
cristianos. Todos ellos coinciden en el radicalismo de sus discursos: van
contra la riqueza de los ricos, el orgullo de los poderosos; van contra los
sabios, contra la cultura constituida, contra las complicaciones de todo orden.
Según ellos, quien tiene más razón, quien vale más, es precisamente el que no
tiene nada, el sencillo, el pobre, el humilde, el profano”. El mismísimo
San Pablo dejó establecida la pauta del comportamiento contracultural que
caracteriza los tiempos de crisis cuando clamó diciendo “Porque escrito está: Destruiré
la sabiduría de los sabios y desecharé la prudencia de los prudentes”.
El individuo, pues, reacciona
contra una sociedad y una cultura en las que ha dejado de creer, seguramente
que por motivos sustanciales. Pero esa reacción se convierte fácilmente en
extremismo, en tendencia a poner patas arriba todo lo que hasta entonces había
valido, en desestabilización social y, finalmente, en desprecio de la ley y en violencia.
Tal como dice Ortega, en estas oleadas contraculturales y anti-institucionales
que recurrentemente acontecen en la historia y “por una propensión mecánicamente
dialéctica de la mente humana, cuando se desespera de una forma de vida, la
primera solución que se ocurre, la más obvia, la más simple, es volver del
revés todas las valoraciones. Si la riqueza no da la felicidad, la dará la
pobreza, si la sabiduría no resuelve todo, entonces el verdadero saber será la
ignorancia (…) Si la ley y la institución no nos hacen felices, esperemos todo
de la iniuria y la violencia”.
Y sigue aún nuestro filósofo explicando las vías por las que tienden a
discurrir y degenerar las situaciones de crisis: “Fácilmente toda ‘reacción a’ se
convierte en ‘reacción contra’, que va movida por feas pasiones, por la
envidia, el odio, el resentimiento. Diógenes el cínico, antes de entrar en la
elegante mansión de Aristipo, su compañero de escuela bajo Sócrates, se ensucia
los pies en barro concienzudamente para patear luego los tapices de Aristipo.
Aquí no se trata de sustituir la complicación del tapiz por la sencillez del
barro, sino de destruir el tapiz por odio a él”. Los hombres se vuelven
extremistas, irracionales. “Es esencial al extremismo la sinrazón.
Querer ser razonable es ya renunciar al extremismo”.
En España, ha asomado ya con
fuerza evidente la cuota de extremismos que nos tocaba en la crisis por la que
atravesamos. Puesto que esos extremismos no son todavía suficientemente prevalentes,
los síntomas a través de los cuales se manifiestan pueden parecer todavía marginales
o anecdóticos. No hay tal: son emergencias o erupciones que brotan del caldo de
cultivo en el que se va convirtiendo la sociedad, o al menos los estratos
sociales que va ganando el extremismo. Recojamos de la prensa alguna de las
formas en que se manifiesta el hecho de que el extremismo, es decir, la
propensión hacia la quiebra del principio de legalidad, hacia el cambio revolucionario
de las instituciones, el revanchismo, el odio, y la sinrazón, van constituyendo
un magma hirviente del que tales manifestaciones son erupciones significativas
y que vienen a anunciar por dónde irían las cosas si seguimos por ese camino:
La policía detuvo la tarde del 16
de junio, junto a la parroquia de San Carlos Borromeo (“la iglesia roja”) en
Entrevías, en Madrid, a Alfonso
Fernández Ortega, conocido por Pablo Iglesias y por sus amigos
como Alfon, un delincuente con antecedentes juveniles por robo con violencia,
agresión sexual y tráfico de drogas. Esta vez el
individuo en cuestión había sido condenado a cuatro años de prisión por portar
explosivos durante una huelga general en 2012, sentencia que acababa de
confirmar el Tribunal Supremo, al considerar que la bomba que llevaba en la
jornada de huelga general convocada por los sindicatos, el 14 de noviembre de
2012, era "especialmente peligrosa", puesto que llevaba incorporados
"gases extremadamente inflamables" y contenía tornillos a modo de
metralla "susceptibles de causar daños a la personas". A raíz de la
decisión del Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid ordenó su detención e
ingreso en prisión para cumplir la pena impuesta. Con tal motivo, cerca de 500
personas se concentraron junto a Alfonso F.O. poco antes de la detención para
formar un "muro" que aislara al detenido ante la actuación policial,
adoptando las formas del entorno de ETA en el País Vasco para dificultar los
arrestos. Los policías fueron abucheados e increpados con gritos como: “Vergüenza me daría ser policía” y
“policías asesinos”. Sectores de extrema izquierda pusieron el grito en el
cielo por la sentencia. Concretamente, IU, BNG, Amaiur, ERC, Compromís y Geroa-Bai. Por su parte, el líder de Podemos, Pablo
Iglesias, calificó en Twitter de "injusto" el arresto del condenado
por tenencia de explosivos.
Otra noticia de prensa ha
desvelado que en 1992, año en que ETA mató a 26 personas, Manuela Carmena,
actual alcaldesa de Madrid y entonces Jueza de Vigilancia Penitenciaria,
excarceló a un peligroso etarra, José Manuel Azcárate, y a dos miembros de los
GRAPO, José Ignacio Cuadra –condenado a 72 años por varios delitos de
terrorismo– y Mercedes Herranz –detenida en 1982 tras asesinar con una bomba a
un chatarrero, y que volvió a ser detenida después de que Carmena la sacara de
prisión–, aduciendo que sufrían enfermedades incurables. En junio de aquel mismo
año, Carmena concedió el tercer grado penitenciario a José Manuel Azcárate, un
terrorista que había sido condenado a 57 años de prisión, entre otros delitos,
por el secuestro del directivo del Athlétic de Bilbao Juan Pedro Guzmán. Decía
Carmena para justificar su decisión que padecía varices esofágicas crónicas que
le provocaban de forma regular hemorragias internas. No destacaba, sin embargo,
que esa enfermedad crónica la padecía desde los 14 años sin que esto le
impidiera emprender una carrera criminal en las filas de ETA. Además, y para
escarnio de las víctimas, sólo unos días después de salir de prisión, el
terrorista compareció en rueda de prensa para proclamar que no se arrepentía de
sus crímenes. Incluso reconoció que se le había ofrecido acogerse a las medidas
de reinserción y las había rechazado. Fueron, todas estas, decisiones muy
polémicas y que provocaron un fuerte enfado del entonces ministro de Justicia
del PSOE, Tomás de la Cuadra
Salcedo, quien pidió modificar la Ley para que las eventuales
excarcelaciones de terroristas dependieran del Ejecutivo.
En 2013, en un debate sobre
política penitenciaria que tuvo lugar en el programa Fort Apache, que dirige
Pablo Iglesias en Hispan TV, la actual alcaldesa de Madrid opinó que el 94% de
los reclusos actuales deberían salir en libertad. Curiosamente, excluía a los
que hubieran realizado delitos violentos, respecto de los que, sin embargo,
había demostrado tener también, como se ha visto, una actitud digamos que
relajada.
Según otra reciente noticia,
diversas mujeres con acreditada influencia en la opinión pública, entre otras, Maruja Torres, Pilar Bardem, Ada
Colau, Cristina Almeida, Ángeles Caso, Belén Gopegui, Pilar Manjón… han firmado
un manifiesto en apoyo a la portavoz del
Ayuntamiento de Madrid y miembro del Consejo Ciudadano Estatal de Podemos, Rita
Maestre, en el que han querido respaldarla
"tras la campaña de acusaciones vertidas contra ella por políticos y
medios de comunicación por su participación en una “protesta pacífica” contra la presencia de capillas
cristianas en la universidad pública que tuvo lugar hace cuatro años, cuando
ella era estudiante en la Complutense". Por parte de Podemos han
estampado su firma en el manifiesto todos los portavoces estatales, entre los
que están Pablo Iglesias, Carolina Bescansa, Íñigo Errejón o
Sergio Pascual.
Los hechos, que han sido objeto de procedimiento penal
instado por el Ministerio Fiscal, se juzgarán próximamente en el Juzgado de lo
Penal número 6 de Madrid. El Ministerio Fiscal solicita para Maestre y Héctor
Maleiro –este último figuraba en la lista de Podemos a la Comunidad de Madrid–,
un año de prisión por un delito de ofensa a los sentimientos religiosos,
conforme al escrito de acusación. Según el escrito, los procesados
entraron sobre las 13.30 horas de ese día en la capilla del campus de
Somosaguas y en presencia del capellán y varios estudiantes que se encontraban rezando,
invadieron el espacio dedicado al altar. Los
acusados portaban imágenes del Papa con una cruz esvástica y leyeron distintos
pasajes de la Biblia, así como diversas citas de Santos y Obispos. Tras
ello, Rita Maestre y otras mujeres, unas treinta, no identificadas, se
desnudaron de cintura para arriba. Posteriormente, abandonaron la capilla
profiriendo varias frases como “Vamos a quemar la Conferencia Episcopal” y "Arderéis como en el 36".
El caso es que el Ministerio Fiscal no imputa a Rita Maestre,
como dan a entender todos los personajes que se han solidarizado con ella, por
pedir la laicidad y que desaparezcan los lugares de culto en los edificios
públicos (muchos habríamos suscrito tales peticiones), sino por un delito
tipificado en el Código Penal, artículo 521.1: el de ofensa a los sentimientos
religiosos. Obviar esto es ignorar el principio de legalidad y, a fin de
cuentas, el estado de derecho, algo a lo que evidentemente están acostumbrados
nuestros extremistas y que no parece significar gran cosa para ellos. De forma
semejante, tampoco, en su particular sistema de valoraciones, significa atentar
contra la libertad de expresión el hecho de haber participado, como
asimismo hizo Rita Maestre, en el escrache a Rosa Díez junto a Pablo Iglesias y
Errejón, el 21 de octubre de 2010 en la Universidad Complutense de Madrid, en
el que se impidió a la diputada y dirigente de UPyD dar una conferencia. Por el
contrario, para ellos parece ser una manera de ejercitar la libertad de
expresión: la suya exclusiva y excluyentemente. Como dice Pablo Iglesias (ver
en el YouTube adjunto): "La palabra democracia mola.
La palabra dictadura no, aunque nosotros sabemos que no hay mayor democracia
que la dictadura del proletariado". Estos peculiares presupuestos políticos, ideológicos y
expresamente antijurídicos son, evidentemente, los que aspirarían a implantar
en toda la sociedad si triunfaran en las próximas elecciones.
Por otro lado, en una entrevista concedida a
El País, la actual alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, respondiendo a la
pregunta de qué haría si el sistema judicial impugna la convocatoria de
referéndum para la independencia de Cataluña, afirmó: “Si hay que desobedecer leyes
injustas, se desobedecen”. Es decir, que propone sustituir el principio
de legalidad por el arbitrario sentido de la justicia que cada cual, con el
poder preciso para imponerlo, pueda tener.
Y en fin, una última noticia de
estas últimas jornadas post-electorales nos anuncia que la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha pedido
la imputación del concejal madrileño de Podemos, Guillermo Zapata, por humillar
a las víctimas de ETA a través de los tweets que hizo públicos en internet. En
el informe, la fiscal Blanca Rodríguez considera que sus tuits generaron "descrédito, menosprecio,
humillación" a las víctimas del terrorismo de ETA. En
el informe, la fiscal repasa algunos de los comentarios vejatorios que el
concejal de Podemos profirió a las víctimas en los citados tweets, en los que
hacia comentarios del estilo de: “Han tenido que cerrar el cementerio de las niñas de Alcasser para que no vaya Irene
Villa a por repuestos" o "¿Cómo meterías a cinco millones de judíos en un 600? En el
cenicero". Este último tweet venía
seguido de otro en el que este eximio concejal preguntaba por qué necesitaba
Israel tanto espacio si en ceniza ocuparía tan poco. Algo bastante parecido a
lo que solo se atreverían a opinar los más exasperados de entre los militantes
del Estado Islámico. Los hechos que han dado lugar a la imputación por parte de
la fiscalía estarían tipificados como delito en el artículo 578 del Código
Penal, que señala claramente que todo acto que entrañe "descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los
delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena de prisión de
uno a dos años". Sin embargo, acostumbrados como están nuestros extremistas
a la impunidad (no sin motivo), han entendido que las reacciones de indignación
que han producido los comentarios del concejal (que, según ellos, solo eran
chistes, no expresiones de lo que realmente piensa el personaje) no pueden
responder a sentimientos genuinos, sino que obedecen a una campaña orquestada
por oscuras fuerzas reaccionarias. Consecuentemente, el conjunto de nuestros
extremistas se han lanzado en tromba contra el indignante ataque sufrido, no
por las víctimas y sus familias, sino, según ellos, por el concejal.
Los más importantes
extremismos de nuestro tiempo han sido el fascismo, el nazismo, el comunismo y
el islamismo. Los dos primeros han sido prácticamente borrados después de la
culminación del fracaso que para ellos significó el resultado de la Segunda
Guerra Mundial. El islamismo podemos considerarlo en cierto sentido como un
extremismo importado. Así que nos queda todavía como extremismo propio y
genuino el del comunismo. Como todos los demás, este extremismo está
caracterizado por una esencial irracionalidad que se muestra de dos formas
fundamentales: muchos de sus militantes más politizados son inasequibles a la
argumentación racional, que sustituyen por tópicos y automatismos mentales
pétreos, y, además, es este un extremismo incapaz de confrontarse con la
evidencia de que los países que han sido gobernados por regímenes comunistas
han acabado en algo más que un fracaso social, político y económico
estruendoso: el rastro de víctimas y las secuelas del desbarajuste sociológico
que crearon sigue actuando sobre las generaciones futuras. Pues bien: ese
extremismo goza en nuestro país de un crédito, al parecer, creciente. Sus ideas
sobre el principio de legalidad, la libertad de expresión, el tratamiento de
los que disientan de su forma de entender las cosas y el desastre territorial
al que nos llevaría su cada vez más explícita idea sobre lo que es España y su
indisimulada simpatía hacia toda clase de nacionalismos centrífugos son, entre
otras, amenazas que solo una conciencia cívica negligente se atrevería a
considerar vanas o de imposible realización. Tal vez, el mayor peligro estribe
en que esa descuidada conciencia esté impidiendo ver el cariz de lo que puede
echársenos encima.
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