Si la crisis tiene salida, no está en este callejón

     Nuestra supuestamente modélica Transición de la dictadura a la democracia fue, en gran medida, una operación de ingeniería política destinada a perpetuar en el poder a determinadas castas privilegiadas desde mucho tiempo atrás y a hacer sitio a otras nuevas, apenas perceptibles hasta aquel momento, y que por entonces emergieron con fuerza. La Constitución de 1978 vino a ser el reflejo jurídico de esa operación, y las castas que tomaron el poder fueron la Iglesia, la monarquía, las oligarquías catalana y vasca, los partidos políticos, los sindicatos y las patronales. En el nuevo sistema, a falta de una verdadera separación de poderes y de algún tipo de control suficiente sobre ellas, las castas privilegiadas que tenían poder para hacerlo multiplicaron los estratos políticos y administrativos en los que colocar a sus respectivas clientelas, generando un estado mastodóntico, intervencionista y, como se acabaría viendo, tremendamente costoso, en el que ahora estamos atrapados y sin fácil salida ordenada. La guinda del pastel la constituye esa ubicua corrupción que, a falta también de controles, ha penetrado en todos los intersticios de la Administración.

     Los desajustes que se generaron en aquella manipulada Transición han llegado a estas alturas a un punto crítico, y en la desencantada opinión pública se ha instalado la zozobra y la confusión propia de las situaciones de crisis, cuando se tiene claro que las cosas tienen que cambiar, pero no se sabe bien hacia dónde. Ortega dice de estas situaciones de crisis que en ellas “el hombre (se siente) perdido, azorado, sin orientación. Se mueve de acá para allá sin orden ni concierto; ensaya por un lado y por otro, pero sin pleno convencimiento, se finge a sí mismo estar convencido de esto o lo otro”. Si saliéramos con bien de esta, habríamos dado un gran paso adelante, porque ello supondría que habríamos corregido los desajustes que han desembocado en el actual atasco político, social y económico, y el porvenir se habría vuelto prometedor. Afirma Julián Marías, sin embargo, que a lo largo de la historia, y por esta circunstancia que hace que todo esté bañado de incertidumbre y confusión, cuando se han dado las condiciones adecuadas para dar un paso adelante, muchas veces han venido los extremismos a estropearlo todo y dar un paso atrás. Pone el ejemplo de la Revolución Francesa que, dice, con su violencia y su extremismo, desbarató el trayecto y el impulso que había promovido la Ilustración, y retrasó varias décadas el acceso a la libertad, la democracia y la ciudadanía incluso en la misma Francia (eso sin contar las innumerables e irreparables víctimas del Terror revolucionario). No digamos nada de los catastróficos efectos involucionistas (del mejor de los reinados, el de Carlos III, pasamos sin solución de continuidad a los calamitosos de Carlos IV y, sobre todo, de Fernando VII), además de la terrible Guerra de la Independencia, que aquellas convulsiones acontecidas en el país vecino produjeron en nuestro país.

     El caso es que también en un momento como el actual, en que procedería dar un paso adelante, ha aparecido en España esa cuota de extremismos parece que irremediablemente adscrita a toda situación de crisis. Y como siempre en estos casos, las propuestas políticas que, como las de Podemos, han tomado auge en los últimos tiempos, solo significarían, de llevarse a la práctica, una agudización de nuestros problemas. Esta vez, porque nuestros extremismos no solo no pretenden desmontar este dinosaurio estatal que ha crecido a base de clientelas e intervencionismo, y que está en la base de nuestros males, sino que aspiran a engordarlo aún más.

Ilustración: Samuel Martínez Ortiz

     Según el Instituto Nacional de Estadística, el número de empleados públicos en 1976 era de 1.385.100. En 1987, época ya de madurez del sistema, había ascendido ya a 1.869.200. Al final de 2013, ese número alcanzaba la cifra de 2.909.400. Se estima que unos 2 millones son funcionarios y el resto, un millón, personal laboral y eventual. El máximo número de empleados públicos se alcanzó en 2011, el año del fin de gobierno de Zapatero, y fue de 3.306.600 en el tercer trimestre de dicho año. Ese ha sido el crecimiento en funcionariado y empleo público en general necesario, no para mejorar las prestaciones públicas, que no ha sido el caso (ninguna persona sensata diría que hemos casi triplicado las prestaciones estatales desde 1976), sino para mantener las clientelas y el intervencionismo estatal.

     España sufre el déficit público más alto de la Zona Euro, excluyendo a la rescatada Chipre. Traducido a cifras: el estado está gastando ahora mismo al año 60.000 millones de euros por encima de lo que ingresa. Dicho de otra forma: por cada español, incluidos los recién nacidos, gasta al año 1.300 euros más de lo que ingresa. Y así un año tras otro desde 2009. La deuda pública total es casi del 100% del PIB, la más alta desde principios del siglo XX. Los privilegios fiscales, económicos y políticos de los que disfrutan los partidos, los sindicatos, la Iglesia…, y el gasto público que generan los múltiples ramales de la Administración estatal, extremado en el caso de los nacionalismos, han originado una presión fiscal que ahoga nuestro sistema productivo e hipoteca el de las próximas generaciones. Por si fuera poco, la corrupción se ha extendido como una mancha de aceite por todo el sistema. Y he aquí la original propuesta de solución de los extremistas de Podemos: gastar mucho más y montar un estado aún más intervencionista, con muchos más empleados públicos. Pero ¿y si esta dinámica alocada no se pudiera mantener indefinidamente? ¿Y si hacia lo que estamos yendo por este camino es hacia el colapso y la bancarrota, igual que Grecia, que es, entre otros aún más catastróficos, el país que sirve de referencia a nuestros podemitas?

     Habrá que buscar alguna salida a todo esto, especialmente si Podemos llega, efectivamente, al poder, pero, por favor, que no tenga que ser por tierra, mar o aire.