España es un polvorín

     Este artículo empieza mal ya desde el título: lo último que alguien desea oír o leer hoy son mensajes anunciadores de posibles catástrofes. Quienes han conseguido alzarse a estas alturas en España como portavoces de la opinión políticamente correcta –eso que en las conversaciones de bar se puede decir en voz alta sin escandalizar, como quien pone en evidencia obviedades–, es decir, y sobre todo, la extrema izquierda, saben bien que, por el contrario, las más duras y traumáticas de sus propuestas deben de comunicarse “con lenguaje dulce”. Eso es lo que proponía Julio Anguita en un reciente mitin de Podemos, aunque añadía también que ese lenguaje debía ser “penetrante como un bisturí”. Es buscando esa dulzura por lo que Pablo Iglesias no habla en sus entrevistas de “dictadura del proletariado” o mostrando su solidaridad con aquel del que el expresidente de Uruguay, José Mujica, decía hace poco que “está loco como una cabra”, Nicolás Maduro. No; lo que hace Iglesias es eludir en sus declaraciones estos temas espinosos y, en un lenguaje desenfadado y divertido, ponerse a hablar de sexo con Susana Griso en Antena Tres, o rodearse de niños junto a Ana Rosa Quintana en Tele Cinco y mostrarse con ellos simpático y cariñoso. Todo lo más que llega a hacer el líder podemita cuando habla de política para la mayoría es lo que hizo su maestro Hugo Chávez cuando aún disputaba los votos que habrían de llevarle a la presidencia de Venezuela en 1999: mostrarse como moderado y amable socialdemócrata.

     Mal empiezo y mal sigo, porque, en total ausencia de esos contextos lúdico-festivos de los que otros saben rodearse, sigo sin verme suficientemente hábil para encontrar un “lenguaje dulce” con el que describir lo que veo cernirse sobre nuestro panorama político si Unidos Podemos llega al poder cogido de la trémula mano de ese otro flautista de Hamelín camino de laberintos sin salida que es el PSOE (ya en las conversaciones que siguieron a las anteriores elecciones, el equipo negociador del PSOE dijo estar dispuesto a admitir el 70% de las propuestas de Podemos; suficiente con eso para que incluso el Purgatorio nos quedase muy arriba). Si, efectivamente, la extrema izquierda llegara al poder, sus objetivos estarían muy claros, e intentarían por todos los medios que los socialistas fueran no un obstáculo sino amigables cooperadores; al fin y al cabo, una buena porción del alma socialista, especialmente en algunas regiones, está en entusiasta y mal contenida sintonía con la de la extrema izquierda. Para empezar, está en el ADN de esa facción política tratar de tomar posesión de todas las instituciones, algo de lo que ya ha avisado suficientemente cuando, entre una y otra col de dulzura en el lenguaje, se le ha colado algún lapsus de amargas intenciones… o simplemente, tal vez, de mensajes más explícitos para sus incondicionales, los que necesitan de vez en cuando un chute en vena de exasperación. Cuando Pablo Iglesias proponía a Pedro Sánchez cuál debería ser la composición de su futuro gobierno en las anteriores negociaciones, quedaba claro que lo que, antes que cualquier otra cosa, interesaba a Podemos era el control de los aparatos clave del estado, sobre todo aquellos que, como la justicia, la policía, los órganos de inteligencia, el ejército o los medios de comunicación, habrían de garantizar la difusión e implantación paulatinamente excluyentes de su ideología, así como la depuración en los aparatos del estado de quienes no sean afines a los nuevos planteamientos. Es la senda que ya recorrió Venezuela y que pretendería garantizar que su toma del poder fuera irreversible. Sirva como expresivo ejemplo de tales intenciones el hecho de que el programa inicial (enseguida se recuperó, sin embargo, el “lenguaje dulce” de los eufemismos) del partido de Pablo Iglesias en las últimas elecciones planteaba, en lo que a la organización de la justicia se refiere, que algunos puestos clave de esta parcela de la Administración, como el Fiscal General del Estado, los magistrados del Tribunal Constitucional o los vocales del Consejo General del Poder Judicial fueran designados, además de por los criterios clásicos de mérito y capacidad, por su “compromiso con el programa del Gobierno”; es decir, por su fidelidad al programa de “cambios” que supone un poder dirigido por comunistas. Por otro lado, la visión de estos neocomunistas sobre cómo deben comportarse los medios de comunicación incluye, bajo el "lenguaje dulce" de “democratización” de esos medios, el control público, la aplicación de límites o expropiaciones estatales o incluso, finalmente, la apropiación por parte del estado (del "nuevo estado") de esos medios. Es una intención que también han hecho explícita en alguna ocasión.

     “El comunismo se ha puesto de moda”, dijo hace poco Alberto Garzón, dirigente de Izquierda Unida. “Se ha puesto de moda”, dice, a pesar de que no hay país en el que se haya implantado tal doctrina que no haya acabado en la ruina económica y en la catástrofe social. La hoja de ruta para acceder a tan deleznable objetivo estaría escrita: primero, el estado usurpa a la sociedad civil lo que le hace a esta funcionar, la libre iniciativa, el juego de la oferta y la demanda, y detrae, vía impuestos, los recursos que aquella sociedad lograba con su actividad productiva para ponerlos en manos de la improductiva burocracia estatal que ha de pasar a administrar esos recursos. España es hoy ya el país de la Unión Europea con mayor número de políticos, unos cuatrocientos mil, es decir, un político por cada 115 habitantes, mientras que Italia, el segundo de la lista, tiene uno por cada 300 aproximadamente, Francia uno por cada 325 y Alemania uno por cada 800 ciudadanos. Si accedieran al poder los comunistas, no sería para adelgazar el estado, sino –es parte esencial de su doctrina– para engordarlo. Llevarían así a la práctica de una manera aún más depurada aquellos presupuestos que dejó establecidos Marx, esta vez en su versión Groucho, el cual decía: "La política es el arte de buscar problemas, encontrarlos, hacer un diagnóstico falso y aplicar después los remedios equivocados".

     Con su ejército de burócratas y asesores sin fin dispuestos a aplicar esos remedios equivocados, el futuro gobierno vendría a “corregir” las decisiones del mercado, es decir, de lo que buenamente los individuos ofertan, demandan e intercambian, con su política de impuestos por un lado y de subvenciones por otro (en suma, implantando la clase de desigualdad social que a ellos les parezca bien), así como imponiendo drásticamente a los empresarios los sueldos que han de pagar y a las cosas los precios que han de tener. No ya con la intención de corregir abusos sino, ante todo, de imponer los términos de su particular utopía sobre los dictados de la realidad. Lo cual, saliéndose abruptamente de lo que decide la oferta y la demanda, sabemos ya por Venezuela (ya lo sabíamos por Cuba o por la URSS) a lo que conduce: la desindustrialización y el desabastecimiento. No hay nada en este sentido que no esté inventado ya y hacia lo que no se pueda arrastrar a una población; solo se necesita controlar los resortes de lo políticamente correcto y, de su mano, hacer que la sensatez pasa a considerarse cosa de fachas. Y si, transformando la economía productiva en anquilosante costra estatal, ya hemos alcanzado una deuda pública que equivale a la bancarrota (y que se hará explícita en cuanto Bruselas deje de subvencionar nuestro despilfarro y de aplazar así sus catastróficos efectos), no por ello nuestros comunistas se amilanan, y lo que pretenden es aumentar aún más el gasto público. Que haya que dejar de pagar la deuda y, por tanto, espantar a los inversores y aislarnos internacionalmente, o salirse del euro para poder inyectar la inflación (otra forma de exacción fiscal) que haga falta en nuestra economía, no serían obstáculos que ellos vieran insalvables.

     Pero en España no nos conformaríamos con recorrer únicamente el camino hacia el abismo que ya han recorrido otros. Nosotros tenemos nuestra propia idiosincrasia, y añadiríamos a la cuenta de resultados lo que ya Podemos ha anunciado con su previsto “Ministerio de las nacionalidades”, que pasarían a dirigir los nacionalistas, es decir, los que llevan tantas décadas intentando destruir nuestro estado, y que incluso han llegado ya a un punto casi definitivo en esas pretensiones. Traducido, esto quiere decir que España culminará un proceso de desintegración territorial que no se sabe realmente dónde acabará, porque Cataluña, según los nacionalistas, no termina en Cataluña, y el País Vasco tampoco termina en el País Vasco… y la inercia desintegradora tampoco quedaría probablemente acotada en esas regiones, tal y como puso de manifiesto la capacidad de contagio demostrada, entre otras, por la patética experiencia cantonalista de 1873-74.

     Que se llegue a saber dónde empiezan estas cosas, pero no dónde podrían acabar, quedaría asimismo demostrado por el hecho de que tenemos en el sur agazapado a nuestro tradicional enemigo, Marruecos, esperando la oportunidad de, tras haber cumplimentado la hasta ahora antepenúltima etapa de su recorrido expansionista con la Marcha Verde sobre el Sáhara en 1975, volver a la carga esta vez con lo de la soberanía sobre Ceuta y Melilla (para empezar). No tendría mejor ocasión para ello que el que se produjera el descabalamiento de nuestra nación que pondría en marcha el régimen podemita (frente al cual, su posible coaligado, el contradictorio e insustancial PSOE, no parece, insistamos en ello, un baluarte defensivo excesivamente firme, especialmente si, como parece evidente, se produce el sorpasso). Un estado arruinado, territorialmente deshecho y con una población con, quizás, la menor conciencia patriótica del mundo, es una perfecta víctima propiciatoria para sus enemigos. El Estado Islámico, siempre dispuesto a colaborar en estos casos, acaba de mencionar hasta cuatro veces a España en un vídeo de menos de tres minutos realizado con motivo del inicio del próximo Ramadán. Denomina a nuestro país como Al-Ándalus, el nombre que tuvo durante los ocho siglos de dominación musulmana en la Edad Media, y es el único país no musulmán que es nombrado, evocando precisamente los para ellos gloriosos y pasados tiempos de grandes conquistas, como, singularmente, fue la de nuestro país, y que aspiran a volver a realizar. Por esta vez, que estemos presentes en las oraciones de los yihadistas, y no es la única ocasión en que ha ocurrido, no es precisamente augurio de nada bueno, porque Ceuta y Melilla serían un buen comienzo también para ellos en esa ansiada vuelta a sus gloriosos tiempos de conquistadores.

     Redondeemos nuestras conclusiones: la alternativa política hoy dominante, el PP, ha demostrado, por su parte, ser el perfecto telonero de estas catástrofes que asoman por el horizonte, y no ha hecho sino agudizar los problemas que nos han conducido hasta este panorama. Y el único partido que, sin llegar a ella, se acerca a la sensatez, Ciudadanos, parece haber llegado a su exiguo tope electoral.

     Si alguien sabe decir todo esto en ese “lenguaje dulce” que recomienda Anguita, que me lo cuente cuanto antes y redacto de nuevo el artículo, a ver si consigo algún lector más de los escasos previstos. Dejemos constancia, sin embargo, de que, para un servidor, en esta y cuantas añadidas ocasiones se presenten, no es tarde todavía. Solo hay que saber cómo implementar ese presupuesto moral, y confieso que no lo tengo claro.

¿Y es progresismo o inadaptación a la vida en sociedad?

     El recurso a la violencia en la actuación política y los modos incipientes o preparatorios de tal violencia que, cuando no la ejercen directamente, exhiben los grupos extremistas con el resto de sus actitudes y comportamientos, son el síntoma más claro de desestabilización que puede afectar a una sociedad. Intentando explicar la raíz de este fenómeno, algunas interpretaciones parecen sesgarse hacia una cierta visión benévola de esas formas de violencia. Esa es al menos la impresión que dejan, por ejemplo, las palabras que el Papa Francisco, aludiendo sobre todo al yihadismo islamista, pronunció en Kenia en noviembre de 2015: "La experiencia demuestra que la violencia, los conflictos y el terrorismo que se alimentan del miedo, la desconfianza y la desesperación nacen de la pobreza y la frustración". Vista de esta manera, en alguna medida queda dignificada aquella violencia, que no sería sino el más o menos comprensible resultado de esa desesperación que genera la pobreza. Precisamente, esta misma interpretación postulada por el Papa es la que han sostenido tradicionalmente los grupos violentos, que suelen justificar su violencia como una respuesta ante la pobreza y la injusticia social. Pero lo que en realidad demuestra la experiencia a la que apela el Papa es algo muy distinto de lo que prevén estas interpretaciones: no es de los países más pobres de donde fundamentalmente se nutre el terrorismo, sino que, en lo que respecta al yihadismo, sus fuentes principales, tanto ideológicas como financieras y de captación de militantes, están sobre todo en países musulmanes ricos. El saudí Osama ben Laden, por ejemplo, era multimillonario. Por otra parte, el terrorismo de ETA que hemos venido sufriendo en España surgió en una de las regiones con mayor nivel de renta de España y de Europa. Y en la segunda mitad del siglo XX aparecieron asimismo grupos terroristas en países con alta renta per cápita, como el Reino Unido, Alemania o Italia. Todo lo cual obliga a buscar otras interpretaciones más acertadas de las causas de la violencia social.

     Emile Durkheim (1858-1917), uno de los fundadores de la sociología moderna, creó un concepto que ha tenido una gran repercusión en toda la sociología posterior a él: el de “anomia”. Literalmente quiere decir “ausencia de normas”, y hace referencia a la falta de vinculación de los individuos afectados por ella con las normas de su sociedad. En tales circunstancias, esos individuos dejan de sentirse integrados en la estructura social a la que pertenecen, y ello estaría en el origen de las conductas desviadas o inadaptadas como, entre otras, aquellas que tienen repercusión política y que son las que fundamentalmente tratamos de entender aquí. Lo contrario sería la existencia de una sociedad sostenida y cohesionada en base a unos valores, normas, usos y costumbres que no necesitan de la coacción para ser asumidos y respetados, y que sirven de marco para que los individuos construyan en esa sociedad de modo cooperativo sus respectivos y complementarios proyectos de vida. Síntomas de que la anomia está afectando a una sociedad serían, según Durkheim, el aumento de la delincuencia, la drogadicción, el suicidio, los desórdenes mentales, el alcoholismo y la violencia en general. Hay que entender que también lo son las posturas extremistas y antisistema en política, así como la aparición de subculturas que pretenden construir normas y valores alternativos incongruentes con el marco social y cultural general, y que vienen a profundizar en la disociación y la descohesión del conjunto. En el otro extremo del espectro social, unas clases dirigentes y unas instituciones corruptas vendrían a cerrar el bucle de la generalización de la anomia. En conjunto, todo ello se acabará traduciendo finalmente en la ingobernabilidad de una sociedad afectada por este mal.

     Emile Durkheim abordó el estudio del modo como se manifiesta la anomia en una sociedad concentrándose en el análisis de uno de sus síntomas: el aumento de los suicidios. Encontró que en determinadas circunstancias se agrava la tasa de suicidios, por ejemplo, durante las crisis económicas, pero paradójicamente observó que también se producía ese aumento en las épocas en que los sujetos experimentaban un inesperado acrecentamiento de su bienestar. Estas otras crisis, decía Durkheim “cuyo efecto es el de acrecentar bruscamente la prosperidad de un país, influyen en el suicidio lo mismo que los desastres económicos”. Y todavía más: “lo que demuestra mejor aún que el desastre económico no tiene la influencia agravante (sobre el suicidio) que se le ha atribuido a menudo, es que produce más bien el efecto contrario (…) Hasta se puede decir que la miseria protege”.  La conclusión inevitable fue que no podía ser la penuria el factor explicativo: “Así, pues –decía, en fin, Durkheim–, si las crisis industriales o financieras aumentan los suicidios, no es porque empobrecen, puesto que las crisis de prosperidad tienen el mismo resultado; es porque son crisis, es decir, perturbaciones de orden colectivo (…) Toda rotura de equilibrio, aun cuando de ella resulte un bienestar más grande y un alza de la vitalidad general, empuja a la muerte voluntaria”.

     Ya que no la pobreza a la que aludía el Papa, por tanto, sí que han aparecido teorías que, en la estela de la postulada por Durkheim, hablan de alguna clase de frustración y tensión personales como origen de las conductas desviadas o antisociales. El sociólogo norteamericano Robert Agnew (n. en 1953) analiza diferentes vías por las que el individuo puede llegar a sentirse frustrado y tenso en este sentido, y que le llevarían a situarse al margen de su sociedad: desde el bloqueo de oportunidades hasta la incapacidad de responder a las propias expectativas o la acumulación de experiencias negativas que, efectivamente, empujarían finalmente hacia la marginalidad. El sentimiento hacia el que van afluyendo todas esas formas de frustración que abocarían a la marginalidad es, fundamentalmente, la ira, que, vista en negativo, se corresponde con el hecho de culpabilizar a otros de lo que a uno le pasa. Para Agnew, en suma, los individuos son impelidos a la delincuencia o a los actos antisociales a causa, ante todo, de emociones negativas, singularmente la ira, producidas por la tensión y la frustración. Valdría también sustituir “ira” por “odio”, que es una palabra que Josep Gargante i Closa, concejal por los radicales independentistas de la CUP en el ayuntamiento de Barcelona, tiene tatuada en una mano. Más sutil es Pablo Iglesias Turrión que se conforma con afirmar cosas como que “la guillotina es el acontecimiento fundador de la democracia”, o que “la crisis terminará cuando el miedo cambie de bando”, poniendo así de manifiesto qué aspectos de la democracia o de la crisis le parecen más relevantes, y qué sentido adquieren estas en tal contexto, en el que la ira se convierte en emoción dominante. Tales cosmovisiones tienen en España raíces profundas y extensas en el tiempo; baste con señalar la consideración que Largo Caballero, dirigente del PSOE durante la II República y la Guerra Civil, tenía de la legalidad democrática y republicana, manifiesta en palabras como estas (unas de tantas) que pronunció en un mitin, en noviembre de 1933, precediendo en dos años al comienzo de la guerra civil que él buscaba: “Vamos a la Revolución social. ¿Cómo? (una voz del público: como en Rusia).  No nos asusta eso.  Vamos, repito, hacia la revolución social… mucho dudo que se pueda conseguir el triunfo dentro de la legalidad. Y en tal caso, camaradas, habrá que obtenerlo por la violencia (…) Vamos legalmente hacia la revolución de la sociedad. Pero si no queréis (los que os oponéis a ella), haremos la revolución violentamente (Gran ovación). Eso, dirán los enemigos, es excitar a la guerra civil… Pongámonos en la realidad. Hay una guerra civil… No nos ceguemos camaradas. Lo que pasa es que esta guerra no ha tomado aún los caracteres cruentos que, por fortuna o desgracia, tendrá inexorablemente que tomar.…” (El Socialista, 9-XI-1933).

     Que el individuo afectado por la anomia escoja en política el nacionalismo o la extrema izquierda para tener una forma en la que plasmar sus predisposiciones sería a fin de cuentas secundario e intercambiable, porque no se trata de un problema de ideologías, sino de carácter o manera de ser. Y si el estado de ánimo de una sociedad, como hoy ocurre en la española, está impregnado de ira, los líderes que tenderán a prevalecer no serán los que mejor argumenten, sino los que mejor den cauce a la ira contenida, es decir, los que muestren un discurso más exasperado.  

     De aquellas reflexiones de Agnew que antes comentábamos nos quedaremos con la importancia que da al sentimiento de ira como catalizador de los comportamientos desviados y antisociales, lo cual nos permitirá prever que en los colectivos marginales o de actuación política extremista ese sentimiento va a ser predominante. Pero a la hora de analizar las fuentes de frustración que están en el origen de la ira, creemos que los análisis de Alfred Adler (1870-1937), que pasó de ser discípulo de Sigmund Freud a fundar su propia escuela, la psicología individual, tienen una profundidad que viene a enriquecer teorías como esta de Agnew. Adler se centra en su análisis en el estudio de la edad juvenil, pues considera esta edad como un momento de transición especialmente crítico en la vida de las personas, y en donde afloran con más virulencia los potenciales de transgresión que se incubaron en el alma del niño que se había sido hasta poco antes. Las reflexiones de Adler, sin embargo, no quedan acotadas solamente por los márgenes de esta edad juvenil, sino que lo que en ella aparece puede permanecer marcando la personalidad del marginado en las edades posteriores.

     La edad juvenil es considerada por Adler, pues, una edad crítica que aporta muchos contingentes al caudal de la inadaptación social. También es la edad en la que tienen su comienzo muchas enfermedades funcionales y desórdenes nerviosos. De modo característico, el joven afectado por aquella inadaptación tiende a considerarse a sí mismo libre de responsabilidad por la causa de esos sufrimientos, de los que, para defender su precaria autoimagen, culpa a su entorno familiar o social. De tales situaciones vitales surgen a menudo protestas o formas de rebeldía que encontrarían en la política una vestidura enaltecedora. Cuando en tantos sitios la población estudiantil se muestra rebelde y contestataria, habría que buscar mucho menos la raíz de estas actitudes en la especial cualificación intelectual de este sector de población y más en este sustrato de inadaptación a la vida en sociedad especialmente propio –no necesariamente, por supuesto– de la edad juvenil. Divide Adler a su vez en dos clases o tipos a las personas que acaban sufriendo esa inadaptación a la sociedad: aquellos que desde su infancia sufrieron el rechazo y la falta de afecto, y, en el extremo opuesto, los que fueron niños mimados, que desde su temprana infancia se acostumbraron a encontrar satisfacción a sus deseos a través de la simple protesta o censura a su entorno.

     “Si un hombre tiene la actitud de ‘otros me maltratan y me humillan’ –dice también Adler–, hallará pruebas suficientes para confirmarla. Estará a la búsqueda de semejantes pruebas y no advertirá las que le demuestren lo contrario (…) No presta atención a lo que no está de acuerdo con su propia interpretación de la vida”. Y si esos otros a los que culpabiliza de sus males, y eventualmente la sociedad o el sistema, reaccionan castigando o reprimiendo sus comportamientos, él no solo no cederá, sino que encontrará en esa reacción una confirmación de que la sociedad va contra él. Su odio a las fuerzas encargadas de ese tipo de represión, especialmente la policía, se explica porque en ellas ve con claridad la confirmación de que el mundo, el sistema, está en contra suya. En el extremo de los comportamientos antisociales, los propios del delincuente, esta peculiaridad se manifiesta de manera depurada: “Un delincuente –confirma Adler– interpretará el castigo sólo como signo de que la sociedad está contra él, tal como siempre pensó”.

     En resumen, hay dos dinamismos dentro de una sociedad que generan trayectorias que tienden a encontrarse en el profundo pozo de la disociación: uno sería aquel que, en el marco de lo social, supone la anomia, la disolución de las estructuras normativas, institucionales y de usos y costumbres que acotan los comportamientos de los individuos en un sentido cooperativo. Otro, considerado desde el nivel de los individuos, sería la prevalencia en un número suficiente de estos de emociones negativas que podrían encontrar acomodo en el común depósito del resentimiento y de la ira.  Ambas dinámicas, una vez puestas en marcha cuentan con el favor de una inercia que puede prolongarlas fatalmente, puesto que en la propia naturaleza humana hay partes de ella que empujan en mayor o menor medida hacia aquella anomia y hacia estas emociones que genera la frustración. Es lo que advertía Cioran en sí mismo cuando decía: “Todo lo que me opone al mundo me es consustancial. La experiencia me ha enseñado pocas cosas. Mis decepciones me han precedido siempre”. Es decir, que los efectos de aquellas dinámicas que desde lo colectivo y lo individual empujan hacia la disociación pueden aquí encontrar un apropiado caldo de cultivo y empujar a la sociedad en su conjunto hacia el desastre si se vuelven mayoritarios. Que en España, entregada a múltiples desavenencias y particularismos, falla la idea de colectividad, de cooperación y de aceptación de las normas comunes (de patriotismo, en suma) es, en este sentido, una evidencia a complementar con la de que la ira es hoy un estado de ánimo generalizado.

¿Es progresismo o es resentimiento?

     Hay situaciones que a duras penas se prestan al disimulo, la ambigüedad o la evasión, y comportamientos que, aunque pretendan justificarse amparándose en argumentos de carácter político, dejan en evidencia anomalías que difícilmente encontrarían el amparo del sentido común. Por ejemplo, todo lo que rodea al caso de Alfonso Fernández Ortega, más conocido entre sus conmilitones de la extrema izquierda como Alfon, un joven convertido por ellos en icono de la protesta popular a raíz de su detención el 14 de noviembre de 2012, día en que tuvo lugar una huelga general convocada por las centrales sindicales. La razón de su detención fue que se le sorprendió llevando una bolsa de gran tamaño con un artefacto explosivo de fabricación casera, que contenía metralla y una mecha de fósforos, es decir, que estaba preparado para ser detonado. Alfon tenía antecedentes policiales tan graves como robo con violencia, tráfico de estupefacientes y agresión sexual, y está cumpliendo ahora condena por un delito tipificado en el Código Penal, como es el de tenencia de explosivos. La sentencia ha sido ratificada por el Tribunal Supremo, a pesar de lo cual los grupos de Podemos, Izquierda Unida, BNG, Amaiur, ERC, Compromis y Geroa-Bai lo han convertido en un héroe afirmando que ha sido “acusado falsamente por la policía”, y presentando en el Parlamento una proposición no de ley sostenida sobre esta afirmación. No solo eso: se han organizado manifestaciones, se han hecho pancartas, camisetas, chapas, pegatinas… ensalzando a este “héroe” de la lucha sindical y popular.

     Podría entenderse que estos grupos de la extrema izquierda defienden a Alfonso Fernández de buena fe, convencidos de que el Tribunal Supremo prevarica al condenarle, y que, por tanto, están en contra de los actos violentos que se enmascaran bajo el camuflaje de la política, pero no es este el único caso que con esas mismas características ha saltado a la opinión pública y que viene a demostrar que la propensión hacia las acciones violentas por parte de estos grupos no deriva de un malentendido. Destaca, por ejemplo, el de Andrés Bódalo, concejal que encabezó la lista a las elecciones generales del 20 de diciembre por Podemos en Jaén, a pesar de que cuando se celebraron tales elecciones estaba condenado a tres años y medio de prisión por agredir a un edil socialista en 2012. Efectivamente, Bódalo había sido condenado por un delito de atentado y una falta de lesiones por la agresión contra el primer teniente de alcalde de Jódar, Juan Ibarra Marín, durante una protesta.

     Tampoco fue esa la única ocasión en que Bódalo trasladó su atrabiliario carácter al ámbito de la política, sino que su historial en este sentido se remonta al 2002. El 20 de junio de ese año coincidió con una jornada de huelga general. Algunos comercios y establecimientos de Úbeda decidieron abrir. Fue el caso de una heladería en la que irrumpió salvajemente un piquete violento entre los que se encontraba el concejal de la formación morada. Eva, la heladera, estaba embarazada de seis meses. A ella y a su marido les agredieron en presencia de su hijo de dos años, y asimismo destrozaron su establecimiento. Por estos hechos, Bódalo y sus compañeros piqueteros aceptaron 2 años de prisión por un delito de coacciones, amenazas, daños y vulneración del derecho de los trabajadores. Tres años después, Bódalo asaltó la consejería de Agricultura de la Junta para exigir la cesión de una finca. Hubo enfrentamientos con policías, causando traumatismos a cuatro de ellos. Meses más tarde ocupó la iglesia de un colegio de Úbeda. En agosto de 2012 asaltó con el alcalde de Marinaleda, Juan Manuel Sánchez Gordillo, un Mercadona en Écija. Un mes después ocurrieron los hechos por los que ahora ha sido condenado y enviado a prisión. Pero aún tuvo tiempo en abril de 2014 de organizar en Jaén la presentación de un libro del diputado de Amaiur, Sabino Cuadra. Un grupo hostil a la realización del acto se presentó en el lugar y aquello terminó en una batalla campal. Bódalo pegó a uno de ellos. Fue condenado a pagar una indemnización y una multa.

     No son estos los únicos casos de violencia que pretenden tener justificación política protagonizada últimamente por activistas de grupos extremistas. Por ejemplo, el diputado regional de Podemos de Asturias, Enrique López Hernández, también está acusado, junto a otras ocho personas de un delito de atentado con lesiones a raíz de los altercados que se produjeron en 2014 en el Teatro Jovellanos de Gijón, cuando un grupo de manifestantes entre los que se encontraba López Hernández se enfrentó a los agentes durante una protesta contra Israel y en favor del pueblo palestino, coincidiendo con la actuación del grupo judío Sheketak. En esos altercados resultaron heridos seis agentes del Cuerpo Nacional de Policía.

¿Cuál es la postura de los dirigentes políticos de la extrema izquierda ante este tipo de actos? El líder de Podemos, Pablo Iglesias, declaró sentirse "orgulloso" de su cabeza de lista por Jaén, Andrés Bódalo: "En este país se hacen leyes que sirven para condenar, para castigar a los que defienden los derechos sociales de todos. Y yo estoy orgulloso de que la gente que los defiende se identifique con Podemos". Iglesias decía también que "los delitos de los que se hablan son desórdenes públicos y atentado contra la autoridad, que suelen ser tipos penales que casi siempre se aplican a gente que participa en manifestaciones, en huelgas, a gente que, en última instancia, lucha por los derechos sociales y civiles". Asimismo, dos días después de que el concejal de Podemos fuera detenido, el partido en el Gobierno del Ayuntamiento de Madrid mostró su apoyo al agresor. Diversos dirigentes de la extrema izquierda firmaron un manifiesto pidiendo el indulto para José Bódalo, entre ellos, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el regidor de Zaragoza, Pedro Santiesteve; el de Cádiz, José María González Kichi; el de Santiago de Compostela, Martiño Noriega y el de La Coruña, Xulio Ferreiro, además de Pablo Iglesias, Teresa Rodríguez, la dirigente de Podemos en Andalucía (que comparó a Bódalo con Miguel Hernández), y Alberto Garzón, líder de Izquierda Unida. Esa petición de indulto fue acompañada de unas 5.000 firmas.

     La clave de por qué se justifican este tipo de comportamientos antisociales la podemos encontrar en silogismos como los que planteaba Pablo Iglesias en las redes sociales, en uno de sus tweets, hecho público el 7 de agosto de 2012, y en el que escribía: “25% de paro y Amancio Ortega en el ranking mundial de los ricos. Democracia ¿Donde (sic)? Terrorista ¿Quien (sic)?”. En suma, Iglesias venía a plantear que el auténtico terrorismo nace en trayectorias como las que han llevado a Amancio Ortega desde sus orígenes humildes hasta el hecho de ser la segunda persona más rica del mundo, y que el sistema que consiente algo así no es una democracia tal como este dirigente político la entiende. Aún más, se puede prolongar esa secuencia argumental hasta llegar a entender que la violencia ejercida contra este sistema es una violencia de respuesta, defensiva, y así viene a manifestarlo en otro de sus tweets de marzo de este año en el que toma partido por el violento concejal jienense del que venimos hablando: “Es una vergüenza que al tiempo que miles de corruptos se van de rositas, Andrés Bódalo pueda ir a la cárcel. Solidaridad con los que luchan”.

     Inditex, la empresa de Amancio Ortega, cuenta en su haber con el hecho de dar trabajo directamente a 120.000 personas en todo el mundo, así como aportar al erario público, por ejemplo en 2015, la nada despreciable cantidad de 1.000 millones de euros entre Impuesto de Sociedades, aranceles y cotizaciones sociales. No soslayamos que en su debe están ciertas prácticas laborales en países del Tercer Mundo muy cuestionables, del tipo de exhaustivas jornadas de trabajo por sueldos muy bajos o incluso explotación laboral infantil. Pero los ideólogos de la extrema izquierda no se plantean tanto corregir posibles abusos de este tipo, como suprimir un sistema en el que la iniciativa privada pueda conducir al enriquecimiento, aunque sea lícitamente. Hasta tal punto les resulta hostil un sistema así que, como viene a decir Iglesias, ven en él la razón de ser del terrorismo. Y es así como queda justificada la violencia “defensiva” contra quienes de una u otra forma participan de ese estado de cosas… tanto si es un policía como si se trata de un teniente de alcalde o incluso de una propietaria de heladería embarazada que se niega a ir a la huelga. Y llegar a estos extremos obliga a preguntarse sobre si tales actitudes caben dentro de planteamientos que pudiéramos llamar políticos o si surgen de mecanismos mentales y morales más propios de personas por alguna razón resentidas e intrínsecamente –más allá de su disfraz político– propensas a los comportamientos violentos.

     El pensador que más ha profundizado en el análisis del resentimiento ha sido probablemente Nietzsche, que en su “Genealogía de la moral” decía: “La real causa del resentimiento, de la venganza y de sus afines se encuentra en el deseo de distraer (…) un dolor martirizante, oculto y cada vez menos soportable, mediante una emoción más fuerte (…), y para provocarla, el primero y el mejor pretexto es pensar que alguien debe ser culpable de que yo me encuentre mal”. De aquella inquietud o desdicha que, para empezar, a todos nos afecta más o menos por el mero hecho de haber nacido, el resentido hace culpables sistemáticamente a otros, a los que convierte en malvados, y que unas veces resultará ser el vecino o el padre y otras, el gobernante o el patrón. Evidentemente, el propio sufrimiento se hace más llevadero cuando consigue transformarse en ira. El resentido, dice también Nietzsche, vive en un mundo de “subterránea e inagotable venganza, insaciable en explosiones contra los dichosos”, o contra los que ante él aparecen como tales, a los que viene a considerar culpables de las desgracias propias. También el pesimista Schopenhauer decía generalizando: “Los hombres no pueden soportar la contemplación de un supuesto hombre feliz porque se sienten desgraciados”. La suprema venganza del resentido –volvemos a Nietzsche– será convencer a los afortunados de que “es una vergüenza ser feliz habiendo tanta miseria”; y si no los persuade de ello por las buenas, aún es capaz de utilizar las convincentes armas del envidioso (la envidia, decía Unamuno precisamente, “es la lepra nacional española”), para el que “ver sufrir ocasiona bienestar, y hacer sufrir, aún más bienestar”. Así, dice Nietzsche en fin, se llega a una “transvaloración o inversión de los valores”, a través de la cual “el malvado de la moral del resentimiento es el bueno de la otra moral”, es decir, el que es capaz de triunfar es un malvado, y el fracasado o amargado se convierte en bueno. Como se dice en el cántico de la Internacional, a través de la revolución (de la inversión de los valores), “los nada de hoy, todo han de ser”. Lo cual cuenta con aquel precedente moral, en el que este otro apotegma se incardina, y según el cual “es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de los cielos” (o, podríamos añadir, “entre en la dictadura del proletariado”). Cuando esa inversión de los valores se convierte en políticamente correcta, destacar de alguna forma pasa a ser algo perverso, de modo que –continuamos con Nietzsche, esta vez el de “Más allá del bien y del mal”– “hay que tener permiso para poseer talento”, y asimismo, preventivamente, “nos presentamos como más simples de lo que somos para así descansar de nuestros semejantes”. La única defensa posible frente a esos semejantes que representan a la nueva moral habría de consistir en pedir perdón por los propios éxitos.

     Si acabara triunfando una cosmovisión según la cual el éxito económico no solo es condenable, sino que, de una manera más o menos explícita, se le acusa de práctica terrorista, y actuaciones violentas como las arriba descritas son asimiladas a comportamientos progresistas; si en vez de la admiración y la emulación, el que destaca suscitara odio, envidia y resentimiento; en suma, si la sociedad acabara metabolizando esa dramática inversión de los valores, lo que estaría asomando por el horizonte sería la desestabilización social, la inseguridad ciudadana y el desastre económico, moral y cultural. En suma, el caos.

España y su población islámica

     Quizás resulte paradójico, pero la superioridad de Occidente reside ni más ni menos que en las dificultades que hemos decidido intercalar en el camino que transcurre entre nosotros y la verdad. Cuando San Agustín, en el friso de los siglos IV y V, sentenciaba que “en el interior del hombre habita la verdad”, dejaba a salvo la evidencia de que, como ya había dicho Platón, respecto de lo que hay en el mundo exterior solo podemos albergar opiniones, interpretaciones, hipótesis, dudas… La vida en el mundo la hemos acabado construyendo en Occidente a partir del método de ensayo-error, porque, reconociendo implícitamente que debía ser así,  ya decía el mismo San Agustín que “no puede errar quien no vive”… luego todos los demás, sí. Lo cual quedó confirmado a sensu contrario cuando admitió que “si me engaño, existo”. El legado de San Agustín estriba tanto en la seguridad que mostraba respecto de la idea de que la verdad a la que había que aspirar estaba fuera del mundo como en la correlativa evidencia de que vivir significa, no olvidarse de la verdad, que es algo irrenunciable, sino tratar de ir descubriéndola y decantándola mientras discurrimos a través de ese campo de incertidumbres e inseguridades que es la realidad. “(Quien) duda, vive”, decía también el santo antes de afirmar que, consiguientemente, “(quien) duda, piensa”.

     Trece siglos más tarde, Descartes sancionaba la vigencia de la duda en nuestro trato con el mundo, y relegaba asimismo a la verdad a un puesto ubicado en nuestro interior, en el ámbito de la subjetividad, y accesible solo al pensamiento puro. Gracias a estas premisas, a esta capacidad de convivir con la duda, fue posible construir el método científico en nuestro trato con la realidad: según él, toda afirmación no pasa de ser una hipótesis provisional que ha de someterse al criterio de falsabilidad, es decir, exponerse a la posibilidad de que aparezca un hecho hasta entonces ignorado que obligue a la elaboración de una nueva hipótesis que suba un escalón respecto del grado de verdad hasta entonces alcanzado. Es a todo esto que empuja nuestra íntima intuición de lo que es verdadero a buscar ratificación en el mundo externo a lo que se refería Ludwig Wittgenstein cuando decía que "un 'proceso interno' necesita criterios externos". Y gracias al método científico fueron posibles las subsiguientes revoluciones científica, tecnológica e industrial sobre las que se levantó lo que hoy es Occidente. La verdad, para nosotros los occidentales, es solo el final inaccesible de un camino hecho de incertidumbres, el resultado de una evolución que solo finalizará en la línea que marca un horizonte inalcanzable. “Evolución” es otro concepto que solo ha aflorado en el contexto de la mentalidad occidental, según el cual la vida, mientras es vida, es un camino, no algo que pueda reposar en nada definitivo.

     El Islam, al contrario que nosotros, no consiente la duda. Un musulmán se siente instalado en la verdad, la verdad que transmite el Corán. Dudar es pecado. No hay ningún sustrato en tal mentalidad que permita la evolución. La verdad en el siglo XXI es la misma que en el siglo VII, cuando las huestes mahometanas se pusieron a expandir la verdad que poseían en el único ámbito que podía ser expandida: el geográfico. Intelectualmente ya no quedaba ningún esfuerzo más por hacer: implantado el Corán, ¿qué sentido, qué función les queda a los demás libros? Por eso, los inmigrantes musulmanes en Europa sacan a sus hijos de los centros escolares durante largas temporadas para enviarlos a memorizar el Corán en algún país musulmán (unos periodistas de TV3 averiguaron en febrero de 2014 que los padres pagaban solo unos 30 euros al mes por hijo; no averiguaron quién subvencionaba el resto de los gastos). Sacrifican la enseñanza académica para que sus hijos aprendan de memoria el único texto que a fin de cuentas importa: el Corán. Como es lógico, en ese ambiente intelectual, los países islámicos han alcanzado ya el nivel que les es posible alcanzar: la duda (y sus secuelas: el pensamiento evolutivo, la ciencia, la filosofía…) no tiene cabida en ellos, y si no fuera por el petróleo y por los frutos que son capaces de recoger del árbol que crece en Occidente, su riqueza sería congruente con tal restrictiva cosmovisión. Todo lo cual viene a ser una forma de ratificar aquello que decía Bertrand Russell: “Gran parte de las dificultades por las que atraviesa el mundo se debe a que los ignorantes están completamente seguros y los inteligentes llenos de dudas”.

     Como bien saben los islamistas, su cultura y la nuestra no son demasiado compatibles. Allí donde, desde el siglo VII, todo está resuelto es difícil que quepa una manera de entender el mundo donde todo está en permanente estado de crecimiento, donde todo es, como Platón decía, doxa, opinión, debate, cuestionamiento, evolución… y, por tanto, tolerancia con el discrepante. Conscientes de esa incompatibilidad cultural, las comunidades musulmanas instaladas en Occidente, tienden a formar guetos cerrados que aspiran a que de nuestros modos de vida pase a ellos la menor contaminación posible. ¿Se puede deducir entonces que lo previsible habrá de ser que ambas comunidades puedan en Europa convivir aisladas una de otra, pero pacíficamente avecindadas? Es probable que no: un musulmán consecuente no puede renunciar a imponer la verdad. Por las buenas o por la yihad. Su último e irrenunciable objetivo es conseguir que Dar al-Islam, la casa del Islam, sea el universo entero. Lo que quiere decir que solo circunstancialmente, en función de que el momento sea o no el adecuado para poner en marcha sus pretensiones, esos musulmanes cabales interrumpirán su yihad. No se quiere decir, claro está, que los mil quinientos millones de musulmanes que hay en el mundo sean guerreros vocacionales dispuestos a imponer su religión como sea, pero tampoco están demostrando que muchos de ellos se vayan a constituir en un obstáculo para que aquellos que se pongan en la vanguardia de tal pretensión no traten de llevarla adelante.

     Según el estudio demográfico que cada año realiza la Unión de Comunidades Islámicas de España, había en nuestro país, a finales de 2015, 1.887.906 musulmanes, el 4,06 por ciento de la población, un número que ha crecido desde 2005 un 77%. Por nacionalidades, los más numerosos entre los musulmanes en nuestro país son los españoles: 779.080 conversos e inmigrantes que han adquirido la nacionalidad (el 41%), y en segundo lugar, los marroquíes: 749.274. En Melilla hay 85.584 habitantes; a finales de 2015 el número de musulmanes, evidentemente marroquíes o descendientes de ellos en su gran mayoría, era allí de 43.981, por tanto, mayoritario. Ceuta tiene una población de 84.498 habitantes; a finales de 2015, los musulmanes eran en esa ciudad 36.181. Son las dos ciudades de Europa más impregnadas de islamismo. En estas ciudades, así como en la periferia de Barcelona, es donde de manera más clara se está produciendo un peligroso caldo de cultivo entre, especialmente, los jóvenes musulmanes, que les empuja hacia el islamismo más radical. Después de Francia, que tiene un 8% de población musulmana, España, con un 4,06%, es el país europeo en el que las fuerzas de seguridad han realizado más operaciones contra el terrorismo islamista, más que Alemania (6% de población musulmana), Bélgica (6% y 25,5% en Bruselas) o Reino Unido (5%). No todo ello será achacable, seguramente, a la mayor eficacia de nuestra policía.

     El principal motivo que hace a los jóvenes musulmanes vulnerables frente a la propaganda de los grupos terroristas como el Estado Islámico no es la pobreza o el paro, sino la crisis de identidad que padecen en el contexto de un país al que incluso pertenecen y en el que estudian o trabajan, pero en el que rechazan integrarse. En España resulta significativo que casi la cuarta parte de los detenidos por yihadismo tenga formación universitaria. Esa crisis de identidad, dice Ignacio Cembrero en su libro recién editado “La España de Alá” (La Esfera de los Libros, 2016) “no surge entre los inmigrantes de primera generación, aún enraizados en el país en el que nacieron y empeñados en abrirse camino en el país donde se instalaron. Germina entre sus hijos y sus nietos (…) Son esas nuevas generaciones las que han proporcionado el grueso de los combatientes europeos en Siria e Irak”. El 70% de los presuntos yihadistas detenidos en España en 2013 y 2014 son nacionales españoles y viven en Ceuta y Melilla. Inmersos en su crisis de identidad, estos jóvenes la resuelven a través de un único sentimiento de pertenencia: el que les identifica como musulmanes.

     El contexto que ayuda a valorar el significado de la existencia de población islámica en Occidente tiene en España una importante peculiaridad: la que, prolongando el análisis que hicimos en el artículo anterior, nos permite añadir al mismo las implicaciones que se derivan de nuestros conflictos territoriales con Marruecos. Las que la vecina monarquía alauita considera irrenunciables aspiraciones a las ciudades españolas de Ceuta y Melilla, y, en una siguiente fase, a las Islas Canarias, mantienen en estado de latencia un enfrentamiento que en algún momento podría pasar a ser efectivo. El precedente de la Marcha Verde que permitió a Marruecos anexionarse el Sáhara español, cuando nuestra nación estaba atravesando una grave crisis política, convertiría en gravemente negligente cualquier análisis que excluyera la posibilidad de que Marruecos volviera a intentar algo parecido o equivalente en algún momento futuro con el resto de los territorios en conflicto. La invasión de la isla de Perejil en julio de 2002 hay que interpretarla no como un hecho aislado, sino como parte de la secuencia de vicisitudes en que va consistiendo este conflicto. Y lo cierto es que, llegado el caso de que se produjera el enfrentamiento abierto entre España y Marruecos, no es previsible que en la población islámica, y mucho más en la de ascendencia marroquí, prevalezca un sentimiento de identidad que la vincule políticamente a España sobre el sentimiento de pertenencia a la comunidad islámica y, por tanto, favorable a Marruecos. Máxime cuando para el reino alauita el conflicto estará prioritariamente planteado como de intento de recuperación para la casa de los musulmanes de un territorio hoy enajenado en manos de los infieles. Una nueva Marcha Verde sobre Ceuta y Melilla contaría, muy previsiblemente, con una nutrida quinta columna favorable a Marruecos dentro de esas ciudades, o al menos no desfavorable.

     Ante una eventualidad así, España tiene o tendrá dos opciones: o retirarse, que es lo que está acostumbrada a hacer desde hace muchas décadas en todos nuestros conflictos con Marruecos, e ir dejando que la sharia o ley islámica sustituya a la cultura occidental y democrática en territorios que hoy están bajo su jurisdicción; o bien poner en marcha las medidas preventivas, y si llegara el caso las militares, necesarias. Si opta por lo segundo, ello tendría implicaciones en tres niveles que deberían empezar a asumirse resueltamente:

     Primero, el estrechamiento de nuestras alianzas defensivas con Occidente, pues es precisamente el marco de la civilización occidental el que debe ampararnos en nuestros posibles conflictos con países musulmanes. Como dice César Vidal, “quizás más que nunca, Occidente es un archipiélago de libertades rodeado por un océano de totalitarismos”, y es preciso estar dispuesto a defenderlo. Estas alianzas internacionales deben otorgar un papel privilegiado a Estados Unidos y a Europa occidental, pero también a Israel y a otros países como Canadá, Australia o Japón. El yihadismo islámico es el enemigo global, y en España, además, el expansionismo marroquí.

     En segundo lugar, España (y Europa en general) debe de implantar limitaciones a la inmigración valiéndose de un sistema de cuotas. Dado que en España, a diferencia de lo que ocurre en otras naciones occidentales, se proporcionan además de manera gratuita a los inmigrantes ilegales recursos sociales, como la sanidad y la educación, que son costosos, la posibilidad de acogerlos queda más limitada, a menos que deseemos deteriorar la calidad de estos servicios que se costean con los impuestos de los contribuyentes. Esas cuotas habrán de establecerse en función del número de inmigrantes que España necesita y permitir únicamente la entrada de estos en el territorio nacional. Es lo que impone un humilde reconocimiento de nuestras limitaciones. Y en ese contexto, habrá que priorizar, de entre los inmigrantes, a aquellos cuya integración sea más fácil, bien porque hablen nuestra lengua o porque pertenezcan a nuestra cultura occidental. Correlativamente, habrá que preterir especialmente aquellos contingentes de inmigrantes que no estén dispuestos a integrarse en nuestros esquemas de vida o que tengan un sistema de valores que colisione directamente con el occidental. Respecto de la población islámica que ya está instalada en nuestro territorio nacional, obviamente debe ser objeto de un pleno respeto a la libertad religiosa, pero siempre y cuando este principio no atente contra otros establecidos en nuestro ordenamiento jurídico. Así, nunca deberá ampararse la libertad de culto cuando este suponga la aceptación del maltrato o discriminación femeninos, la mutilación sexual de las niñas o actividades que perjudiquen la seguridad nacional, por ejemplo, a través de predicaciones incendiarias en las mezquitas.

     Por último, debería exigirse la aplicación del principio de reciprocidad: si consentimos que Arabia saudita financie actividades islámicas en España, habría de ser a cambio de que su monarquía tolere el ejercicio y financiación de actividades misioneras cristianas o de expansión de la cultura occidental en aquel país. No podría ocurrir lo que actualmente ocurre, por ejemplo, que haya un millón de inmigrantes filipinos en aquel país, en su gran mayoría católicos, que no pueden acudir a misa porque no hay allí ni una sola iglesia.

     Si no estamos dispuestos a poner en práctica estas medidas, el porvenir de nuestra civilización y, respecto de España, de nuestra integridad territorial, estará gravemente amenazado.

Marruecos: nuestro inveterado enemigo

     La cercanía geográfica del Islam ha supuesto para España el encadenamiento de una dilatada serie de conflictos y calamidades a lo largo de la historia. En el siglo VIII, significó la aniquilación prácticamente total de una cultura hispano-germana-romana que, a la sazón, era por entonces la más importante de Europa occidental. Durante los siglos IX y X implicó una política de exterminio contra los cristianos que habitaban en Al-Andalus, la España dominada por el Islam, y continuos ataques, las conocidas razias, contra los núcleos de resistencia que se mantenían en el norte de la Península. En los siglos siguientes, y en respuesta al avance de los reinos cristianos, llegaron aquí, procedentes del norte de África, sucesivas oleadas de contingentes de guerreros musulmanes: almorávides, almohades y benimerines, que pretendían salvaguardar la ortodoxia islámica más estricta.

     Cuando el Islam fue definitivamente derrotado en 1492, y siguiendo una pauta que permanece a lo largo del tiempo según la cual nunca renuncia a un territorio ocupado con anterioridad, se convirtió en una fuerza acechante que, hasta le expulsión de los moriscos por Felipe III en 1609, tuvo en el interior de España una eficaz quinta columna. Los moriscos españoles nunca dejaron de soñar con restaurar el poder islámico en la Península, y en el último tercio del siglo XVI promovieron la Guerra de las Alpujarras, el más cruento conflicto bélico habido en España desde el final de la Reconquista hasta la Guerra de la Independencia de 1808. Esta quinta columna islámica colaboraba en los ataques de los piratas berberiscos a las costas hispánicas que, procedentes de África, no solo realizaban su consabida labor de destrucción, sino que también capturaban españoles que convertían en esclavos. Por el frente europeo, mientras tanto, las tropas turcas de Solimán el Magnífico amenazaban gravemente en el siglo XVI a los territorios cristianos. La victoria de Lepanto, protagonizada fundamentalmente por los españoles, logró poner freno, circunstancialmente, al expansionismo islámico.

     Prosiguieron, sin embargo, los conflictos y los persistentes ataques moros a las posesiones españolas del norte de África. El 25 de septiembre de 1766, España suscribió con el sultán de Marruecos –cuyos dominios eran mucho menores de los que actualmente abarca este país– un tratado de paz y comercio que pretendía zanjar cualquier posible litigio y que venía acompañado por la designación de un embajador en Marruecos. Se reconoció entonces el derecho de España a pescar pacíficamente en la zona de Canarias y la posesión de Ceuta y Melilla. Como ha sido costumbre a lo largo del tiempo, los moros no respetaron lo pactado con España. Así, comenzaron al poco tiempo un asedio a Melilla con un ejército de trece mil efectivos militares que fracasó. Siguieron nuevos tratados y sus correspondientes incumplimientos y ataques a las posesiones españolas.

     El Secretario de Estado de Carlos III, el conde de Floridablanca, decidió, como (nefasta) señal de apaciguamiento, entregar las posesiones españolas de Orán y Mazalquivir a Argel. Igual que siempre en casos así, los musulmanes interpretaron el gesto como una muestra de debilidad. Un año después de completar la evacuación española, en 1793, fue Ceuta la agredida. El ataque, de nuevo, fracasó, pero los moros terminaron convencidos de que, convenientemente presionada, España se acabaría retirando de las partes de su territorio enclavadas en el continente africano.

     Tanto Ceuta como Melilla, así como las Islas Canarias, entraron a formar parte de los reinos hispánicos antes de que determinadas porciones de la península Ibérica fueran reconquistadas del dominio islámico que finalizó en 1492. Pero este es un argumento que carece de valor para los musulmanes. Para ellos, el contencioso de la posesión de estos territorios no se sustenta en argumentos políticos sino religiosos. No se trata para ellos tanto de liberar unos territorios de un supuesto invasor como de plasmar en hechos la legitimidad que a sus ojos tiene el Islam de extender sus dominios. El objetivo último es convertir el orbe entero, por las buenas o por las malas, en Dar al-Islam, territorio sometido al Islam. Esa estrategia se apoya en pasos tácticos que habrán de sucederse y que irán extendiendo los dominios del Islam en etapas sucesivas. La de conquistar Ceuta y Melilla, y posteriormente las Islas Canarias, son etapas en el camino hacia el objetivo final al que nunca se ha renunciado ni se renunciará.

     En 1859 las cabilas o tribus de Anjera atacaron a las tropas españolas acantonadas en Ceuta, asesinando a varios españoles y destruyendo las fortificaciones defensivas que se estaban levantando. El gobierno español declaró la guerra a Marruecos, que resultó victoriosa y obtuvo de los marroquíes las indemnizaciones solicitadas. Durante tres décadas no se produjo ningún incidente armado de importancia. Mientras tanto, en el sur, en el territorio costero del Sahara, y a partir de acuerdos verbales con los jefes de las tribus saharauis, se fueron estableciendo a finales del siglo XIX diversas factorías españolas con fines pesqueros y comerciales. Nada tenían que ver aquellas tribus con las que estaban sometidas al sultanato de Marruecos, del cual ya entonces estas recelaban. En 1893 se reanudaron los conflictos armados entre España y los cabileños, que arrasaron las obras de fortificación de Melilla esta vez. Se firmó un nuevo tratado y se acordaron asimismo indemnizaciones.

     Con la entrada en el nuevo siglo, las potencias europeas tenían razones suficientes para convencerse de que Marruecos no era sino un conglomerado inestable, y en esa medida peligroso, de cabilas. Por razones de seguridad internacional se imponía una intervención en la zona. El sultán Hafiz solicitó en marzo de 1911 la ayuda de Francia para poder mantener en pie su reino. Un año después suscribía el denominado tratado de Fez, en virtud del cual se concedía a Francia el protectorado perpetuo sobre Marruecos. Las masas marroquíes, sin embargo, se rebelaron contra el tratado, y en Fez, por ejemplo, se dedicaron a asesinar a todos los extranjeros que encontraron. Las fuerzas francesas restablecieron el orden, pero no lo consiguieron totalmente hasta 1934.

     En noviembre de 1912 Francia firmaba con España un acuerdo por el que se otorgaba a España el protectorado de una parte menor de Marruecos: 19.900 kilómetros cuadrados en los que habitaban 760.000 indígenas de origen bereber, organizados tribalmente y, especialmente el Rif, no controlado por el sultán. Las tribus del Rif conformaban un universo especialmente bárbaro, en congruencia con las costumbres islámicas: las mujeres eran consideradas inferiores y asimismo existía la poligamia; los hombres no adquirían la auténtica condición de tales y no contraían matrimonio hasta que no hubieran matado a alguien; se excluía la cárcel pero no los castigos físicos, de modo que, por ejemplo, el robo era castigado con la ceguera ocasionada mediante un hierro candente o la mutilación de la mano derecha; en algunas cabilas la homosexualidad se castigaba con la muerte (por ejemplo quemando vivos a los homosexuales), mientras que en otras los cabileños se podían proveer de efebos en mercados para su disfrute sexual… A este tipo de harkas morunas aceptó España colaborar en su regulación y administración.

     Antes de 1921 España había construido en el protectorado poco menos de 500 kilómetros de carreteras y de líneas telegráficas y telefónicas, así como caminos, escuelas, graneros… Las escaramuzas se sucedieron, sin embargo, a menudo, como cuando el rebelde Raysuli atacó con gas mostaza a una columna española en Wad-Ras, cerca de Tánger. Mientras los españoles se ahogaban por efecto de la nueva arma, los moros, provistos de caretas antigás, procedieron a apuñalarlos sin sufrir una sola baja.

     En 1919, el general Dámaso Berenguer era el alto comisario en Marruecos, mientras que el general Manuel Fernández Silvestre era el comandante de Ceuta (la otra comandancia era la de Melilla). Había concluido la primera Guerra Mundial y Francia, libre de compromisos bélicos en Europa, comenzó a exigir el dominio sobre todo Marruecos. En 1921, efectivamente, se podía decir que España controlaba, al menos en apariencia, la totalidad de su protectorado. Sin embargo, en su avance, Silvestre no había desarmado a las tribus del Rif, considerándolas pacíficas y sometidas, y los avances los realizó de una manera deficiente y descuidada desde el punto de vista del refuerzo de las líneas de abastecimiento y la disposición de los blocaos (fortines de madera desmontables).  En enero de 1921, Silvestre ocupaba la aldea de Annual, y, pese a la oposición de Berenguer, que lo consideraba escasamente prudente, siguió avanzando.

     Mientras tanto, el cabecilla moro Abd el Krim había articulado en 1920 un poderoso contingente armado aunando a diversas cabilas rifeñas. Durante aquellos días previos a Annual enardeció a sus correligionarios diciéndoles: “España (…) solo quiere ocupar nuestras tierras para arrebatarnos nuestras propiedades, nuestras mujeres y hacernos abandonar nuestra religión”. Y declaró la guerra santa contra los españoles. El 17 de julio de 1921 lanzó un ataque sorpresa sobre la totalidad de las líneas españolas. Cayó Ibereguiren, y todos sus hombres fueron pasados a cuchillo por los musulmanes. También cayeron otras posiciones (Sivestre había cometido, entre otros igualmente dramáticos, el error de dividir las fuerzas en muchas posiciones diferentes). El 21 atacaron Annual. El 22, el general Silvestre ordenó retirada general, que se convirtió en desbandada, y los españoles fueron diezmados. Silvestre resultó muerto y Abd el Krim se complacería en lucir la cabeza del general durante su posterior marcha a Tetuán. Se produjo una espantosa retirada de todas las aldeas que había entre Annual y Melilla, donde gran número de soldados y civiles resultaron muertos y se pasó a cuchillo y se torturó de la manera más cruel a los heridos. En Monte Arruit, por ejemplo, murieron dos mil setecientos soldados incluidos aquellos desdichados que se rindieron; cuando llegaron las fuerzas que reconquistaron la ciudad comprobaron lo que para un islamista significa la guerra santa (semejante a lo que hoy ocurre con el Estado Islámico): los restos de los cadáveres aparecían castrados, con la lengua y los ojos arrancados, con las manos atadas con los intestinos, decapitados e incluso violados con las estacas de las alambradas. Las propias fuerzas regulares de nativos al servicio de España se contagiaron y cambiaron de bando, pasando a participar de aquella carnicería de infieles. Las fuerzas de Abd el Krim llegaron a mediados de agosto hasta los arrabales de Melilla, donde la Legión, recién fundada, resultaba ser el último baluarte que quedaba para defender la ciudad. De manera inesperada, sin embargo, los rebeldes  no se atrevieron a atacar Melilla.

     El número de muertos españoles en el desastre de Annual, según el informe Picasso, fue de 13.192. Además, se perdió una enorme cantidad de material militar. Y la obra civilizadora de España en Marruecos a lo largo de doce años, escuelas, hospitales, dispensarios, líneas férreas, cultivos agrícolas… quedó reducida a cenizas en veinte días por las fuerzas musulmanas.

     En poco tiempo se recuperaron Nador, Zeluán, Monte Arruit… Sin embargo, Abd el Krim no tenía ningún interés en interrumpir la guerra santa contra España, y seguía dominando la región del Rif. Incluso lanzó, en abril de 1925, un ataque contra posiciones francesas que resultó tan catastrófico para nuestros vecinos europeos como para nosotros fue el desastre de Annual. Una contraofensiva hispano-francesa logró expulsar a Abd el Krim del protectorado francés, pero era obvio que solo con la derrota total del cabecilla moro volverían la paz y la seguridad. El peso de esa labor iba a recaer sobre los españoles de manera casi exclusiva. La operación decisiva comenzó con el desembarco de más de ocho mil hombres en la bahía de Alhucemas el ocho de septiembre de 1925. El 2 de octubre las tropas españolas entraban en Axdir, la capital de Abd el Krim. La victoria de Alhucemas fue una de las más importantes de la historia contemporánea de España, aunque hasta el 10 de julio de 1927 no se dio por concluida oficialmente la rebelión de Abd el Krim, que evitó ser apresado por los españoles y disfrutó de un exilio dorado a costa de Francia, en El Cairo.

     Las décadas siguientes fueron pacíficas y España llevó a cabo su labor civilizadora. El 2 de marzo de 1956 Francia reconoció la independencia de su protectorado. El 7 de abril hizo lo propio España, obteniendo previamente el reconocimiento de la españolidad de Ceuta y Melilla y los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera. Sin embargo, en las décadas siguientes el objetivo privilegiado de los ataques del estado musulmán emergente sería precisamente nuestro país.

     Una de las posesiones que España tenía al margen de Marruecos era el territorio de Ifni, que no regía como protectorado (soberanía compartida), sino que era una colonia, igual que lo era el Sahara (soberanía exclusiva de España). El primer contacto de España con el territorio de Ifni y Sáhara fue en 1476, cuando Diego García de Herrera levantó en la costa, frente a las Canarias, la fortaleza y factoría de Santa Cruz de la Mar Pequeña. El territorio, a pesar del reconocimiento internacional de la soberanía española sobre el mismo, no se ocupó militarmente hasta 1934. Pues bien, apenas unos días después de que España entregara en 1956 su protectorado y Marruecos fuera independiente, fuerzas guerrilleras promovidas por Marruecos comenzaron a realizar incursiones armadas en Ifni. Al cabo de meses de lucha despiadada, las guarniciones militares españolas se replegaron a Sidi Ifni, la capital, más un exiguo perímetro defensivo. El 10 de enero de 1958, el gobierno español convirtió, mediante decreto, en provincias españolas a Guinea, Ifni y Sáhara, con lo que sus habitantes tenían, en principio, los mismos derechos que cualquier otro español. Poco duró, sin embargo, Ifni en manos españolas: en 1969 las Cortes aprobaron su entrega a Marruecos. Como compensación, España había ultimado con el gobierno norteafricano un acuerdo de pesca… que los marroquíes, apenas se vieron dueños del territorio tras la completa retirada española, incumplieron, prohibiendo pescar a los españoles. Los marroquíes aprendieron que España, a partir de entonces, podía ser fácilmente doblegada.

     En los textos de los teóricos del imperialismo marroquí se reivindicaba que el límite norte de ese imperio debía ser Toledo, ya que hasta allí habían llegado en su día los almorávides, y al sur, Senegal y Tombuctú. Sin embargo, de momento, las agresiones marroquíes iban a limitarse a los territorios ubicados en el continente africano. En paralelo a la guerra de Ifni, en la que murieron centenares de soldados españoles, las fuerzas marroquíes, convenientemente disfrazadas de guerrilleros incontrolados, lanzaron una ofensiva contra los puestos militares del territorio del Sahara. En 1960 España reconoció que el Sáhara era un territorio no autónomo, un movimiento previo a la independencia futura. Por otro lado, la ocupación española resultaba ruinosa: el gasto de España por habitante saharaui casi cuadruplicaba al de la media de los demás españoles. A partir de 1965, la ONU exigió cada año la celebración de un referéndum de autodeterminación en el Sáhara. Enviaron observadores y comprobaron que el sentimiento absolutamente mayoritario de la población saharaui era el de convertirse en un país independiente.  Pero Marruecos lo que quería era apoderarse del Sáhara (aunque nunca había sido un territorio sometido al sultanato de Marruecos), no impulsar la independencia de una nueva nación.

     En abril de 1973 nacía el Frente Polisario, que realizó algunas acciones armadas contra las fuerzas españolas, pero pronto se dieron cuenta sus integrantes de que el verdadero enemigo eran Marruecos y su política anexionista. Esta acabó cristalizando en lo que se conoció como Marcha Verde. Reforzando su presión, el rey Hasán II pasó el 15 de octubre de 1975 a reivindicar como territorios marroquíes Ceuta, Melilla, los peñones de Alhucemas y Vélez de la Gomera y las islas Chafarinas. Un día después, el Tribunal Internacional de la Haya publicó un dictamen en el que se establecía que no existía “ningún lazo de soberanía territorial entre el territorio del Sáhara Occidental y el reino de Marruecos o el complejo mauritano”. Por lo que consideraba que debía celebrarse el referéndum propugnado por España. Apenas unas horas después de publicarse el dictamen, Hasán II anunció que 350.000 civiles marroquíes protegidos por el ejército iban a dirigirse hacia el Sáhara. El 6 de noviembre, la Marcha Verde invadió el Sáhara. Hasán II aprovechaba así la debilidad de un gobierno español dirigido por un Franco agonizante. Entre los civiles circulaban columnas militares armadas con blindados y autoametralladoras. Finalmente, el gobierno español claudicó.

     Entre  el 12 y el 14 de noviembre se negociaron los denominados Acuerdos de Madrid. España se comprometía a ceder el Sáhara y Marruecos a reconocer los derechos de pesca en la zona (los pesqueros españoles llevaban siglos faenando por allí) de ochocientos barcos españoles y a otros ochocientos en el resto de la costa atlántica y mediterránea por una duración de veinte años. Una vez más, Marruecos, igual que cuando se abandonó Ifni, incumplió los compromisos, y los apresamientos de pesqueros y el encarcelamiento de sus tripulaciones pasaron a ser habituales. Mientras tanto, la entrada del ejército marroquí en el Sáhara revistió auténtico carácter de genocidio. Para empezar, machacaron a cerca de cuarenta mil civiles –en su mayoría ancianos, mujeres y niños– con napalm y fósforo blanco. A ello se sumaron las ejecuciones sumarias, los saqueos, las violaciones de las saharauis ante sus familiares, las torturas…

     El siguiente objetivo marroquí, al que nunca han renunciado ni renunciarán, es la expulsión de España de las ciudades de Ceuta y Melilla. Solo esperarán el momento más propicio para pasar de nuevo a la ofensiva (por ejemplo, cuando nuestros nacionalismos centrífugos lleven a nuestra nación a un punto de colapso). Desde que Marruecos accedió a la independencia, tanto durante el reinado de Hasán II como en el actual de Mohamed VI, han sido recurrentes las reivindicaciones del reino alauita sobre la soberanía de esas ciudades españolas. Los marroquíes han estado utilizando diversas armas de presión, además de la ruptura de los acuerdos pesqueros: entre ellas, la inmigración ilegal y el tráfico de drogas, dos grandes negocios respecto de los que las autoridades marroquíes no han cumplido con su deber de controlarlos, sino que en repetidas ocasiones han actuado en connivencia con las respectivas mafias.

     2001 fue un año especialmente tenso. Entre los días 19 y 22 de agosto doscientos municipios andaluces celebraron distintos referendos en favor de la independencia del Sáhara. En respuesta, el día 27 el embajador marroquí en Madrid fue llamado a consultas y se cancelaba una cumbre prevista al más alto nivel. El 12 de noviembre el ministro marroquí de Asuntos Exteriores reivindicaba los “derechos de soberanía sobre Ceuta y Melilla”. El entonces torpe jefe de la oposición en España, Rodríguez Zapatero, viajó a Marruecos en lo que entendió como un gesto conciliador. Mientras el gobierno español desautorizaba el viaje, los marroquíes obligaron a Zapatero de manera humillante a posar ante los fotógrafos debajo de un mapa en el que Ceuta, Melilla y las Canarias aparecían como territorios pertenecientes a Marruecos.

     El gobierno de Aznar mantuvo, pese a todo, su posición favorable a la celebración de un referéndum en el Sáhara Occidental. Marruecos volvió a utilizar la presión, esta vez recurriendo a una agresión armada: la invasión de la isla de Perejil, de soberanía española, situada en aguas del Estrecho. Si España no hubiera respondido, resultaba evidente que aquello habría sido interpretado por Marruecos como un signo de debilidad más por parte española que allanaba el camino a las futuras iniciativas que Marruecos pudiera tomar para “recuperar” Ceuta y Melilla. Afortunadamente, España respondió y recuperó de manera incruenta el islote.

     ¿Se conformó el reino alauita?

     El 11 de marzo de 2004 estallaron diez bombas en los trenes de cercanías de Madrid. Otras dos se desactivaron, y otra supuesta mochila-bomba apareció aquella noche en la comisaría del Puente de Vallecas. Murieron 191 personas y 2.057 resultaron heridas. Inmediatamente comenzaron las tareas de destrucción de pruebas, empezando por el desguace de los trenes, así como la confección de pruebas falsas. Solo hay una persona cumpliendo condena por ser autor de los atentados, Jamal Zougam, a pesar de que las bombas fueron trece (respecto de esto, un servidor escribió el siguiente artículo: http://elblogdejavigracia.blogspot.com.es/2011/12/la-increible-y-triste-historia-de-jamal.html ). No se sabe tampoco quiénes fueron los autores intelectuales del atentado. De manera vergonzosa, las instituciones, la prensa y la misma opinión pública renunciaron a saber lo que pasó, a pesar de las incuestionables interrogantes y lagunas que rodean el suceso. Todo lo cual legitima la especulación de los únicos periodistas que han seguido dando la voz de alarma al respecto de este fraude descomunal, que consideran probable la implicación de los servicios secretos marroquíes en el atentado, como manera de responder a la humillación sufrida por Marruecos en Perejil, de forma que las instituciones prefirieron ocultar esa posible verdad (y colaborar en la destrucción de pruebas) porque ello hubiera supuesto muy probablemente un enfrentamiento bélico con Marruecos.

(La mayor parte de la información necesaria para la elaboración de este artículo ha sido extraída del libro de César Vidal “España frente al Islam”, La Esfera de los Libros, 2004)