sábado, 26 de octubre de 2013

El encanallamiento del Estado español

Me apoyaré en un solo ejemplo: el 11 de diciembre de 1987, en el atentado de ETA a la casa-cuartel de Zaragoza, (Henri Parot fue quien estacionó el coche bomba), murieron 11 personas, cinco de ellas niñas. Entre las víctimas mortales estaba el sargento de la Guardia Civil José Julián Pino Arriero, de 39 años, que custodiaba la entrada, su mujer, María del Carmen Fernández, de 38 años, y la hija de ambos Silvia Pino, de 7 años. De esa familia quedaron vivos –aunque resultaron heridos– solamente dos hermanos, Víctor y José María, que contaban entonces 11 y 13 años de edad, y que fueron acogidos por su abuela, hasta su muerte, poco después, y, desde entonces, puesto que nadie más se hizo cargo de ellos, por el Colegio de Huérfanos de la Guardia Civil, institución de la que hoy son miembros ambos.



Días después del atentado se hizo pública una repugnante pastoral de los obispos vascos en la que se recogían los habituales argumentos y reivindicaciones de la banda etarra, como, por ejemplo, acusaciones contra los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, duras críticas a la política de extradiciones de etarras de Francia y propuestas de solución a través de negociaciones del Gobierno y ETA.

A estas alturas, los entonces niños Víctor y José María Pino han tenido la desgraciada oportunidad de comprobar cómo, después de quedar rotas sus vidas, han sido las expectativas de aquellos rastreros obispos las que se han ido cumpliendo. A consecuencia de las negociaciones entre el Estado y la banda etarra, hoy ETA gobierna en diversas instituciones del País Vasco, maneja miles de millones de euros del presupuesto público y accede a una ingente información sobre bienes y personas de la que podrá hacer uso para llevar a cabo sus planes criminales. Como culminación de ese proceso, el Tribunal de Estrasburgo acaba de dictaminar el fin de la doctrina Parot, según la cual los beneficios penitenciarios de los presos etarras habrían de calcularse no aplicándolos a la pena final, que nuestro sistema jurídico penal reduce a treinta años como máximo, sino a la suma de las diferentes penas achacables a cada uno de los delitos, de forma que, a efectos de computar esos beneficios, no resulte igual matar a una persona que a cincuenta.

Los últimos resultados de ese proceso de negociación con ETA que el presidente Rajoy no ha dudado en llevar a su culminación (haya participado o no directamente en las negociaciones) han quedado explicitados con la excarcelación de presos etarras, que se hicieron ya evidentes para la opinión pública con la de Bolinaga en septiembre de 2012. Pero el paso más importante en ese proceso de excarcelación de etarras se está dando ahora mismo a raíz de la sentencia del Tribunal de Estrasburgo que anula la doctrina Parot. En algunos países europeos, como Suecia, Dinamarca o Reino Unido, las sentencias de ese Tribunal carecen directamente de eficacia interna. En España, el Tribunal europeo no tiene preeminencia sobre el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo españoles, porque España no ha renunciado nunca a su soberanía en el terreno judicial. El Tribunal Constitucional español dejó claro este asunto en 1994 cuando el europeo le conminó a repetir el juicio que se había llevado a cabo contra Ruiz Mateos, a lo que aquel contestó textualmente: “Del artículo 53 y concordantes del Convenio de Roma de 1950 no se desprende en modo alguno que este Tribunal (es decir, el Tribunal Constitucional) sea una instancia jerárquicamente subordinada al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y obligada por tanto a dar cumplimiento a sus sentencias en el orden interno”. Asimismo se afirmaba allí que “el Tribunal Constitucional carece de jurisdicción para revisar sus propias sentencias, contra las que no cabe recurso alguno”. En suma: el Tribunal Constitucional no estaba obligado a acatar la sentencia del Tribunal europeo que decreta la libertad de la etarra Inés del Río, a la que se da la razón, y la de los afectados por la doctrina Parot en general (como diversos violadores y asesinos múltiples), a lo cual es evidente que los tribunales españoles y el propio gobierno español se pliegan, a pesar de que la doctrina Parot fue declarada constitucional en 2008 por el Tribunal Constitucional español.

Un elemental silogismo nos permite comprender que si se acepta el criterio del Tribunal europeo es por una decisión política evidentemente ligada al proceso de negociación con ETA. Máxime si tenemos en cuenta que el magistrado Luis López Guerra fue colocado por el PSOE en el Tribunal de Estrasburgo como miembro que representaba a España –entre los diecisiete magistrados que lo componen–, en el contexto de las negociaciones del gobierno de Zapatero con ETA, y para abogar precisamente por la supresión de la doctrina Parot (este magistrado fue el número 2 del Ministerio de Justicia con Zapatero y asimismo resultó elegido diputado para la Asamblea de Madrid, yendo en las listas del PSOE en las elecciones de 2003); si el miembro español del Tribunal –que el gobierno de Rajoy nunca recusó o cambió–, que es el más directamente implicado en la decisión, muestra esa postura, es evidente que los demás miembros tenderán a aceptar su opinión como la más cualificada (así se lo reconoció a Ángeles Pedraza, presidenta de la AVT, uno de los magistrados del Tribunal).

En pocos días, las víctimas del terrorismo han tenido que ver cómo al etarra Lasarte le concedían unos días libres para que se fuera de vacaciones al valle del Baztán; a la Audiencia Nacional no aplicando ya la doctrina Parot de modo digamos que preventivo en un caso que acaba de juzgar, y antes de que el Tribunal de Estrasburgo se pronunciara; a la Audiencia Nacional dictando sentencia en el caso Faisán y diciendo en ella que, puesto que la intención de los condenados no era colaborar con ETA, no se les puede juzgar por eso (es decir, juzgando intenciones); y asimismo, amputando las posibilidades de investigar las derivaciones políticas del chivatazo a ETA. Y en fin, ya han comenzado las excarcelaciones de etarras, empezando por la de Inés del Río (responsable de 24 asesinatos, por los que había sido condenada a 3.828 años de cárcel).

En resumen: estamos hablando de unos jueces y de un gobierno que está compuesto por canallas. Mañana domingo hay diversas concentraciones a favor de las víctimas del terrorismo y contra la anulación de la doctrina Parot. Rajoy enviará en representación del Gobierno a diversos cargos políticos. Deberían de ser echados a gorrazos.

8 comentarios:

  1. Javier, estoy de acuerdo hasta en la última tilde.

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  2. yo también estoy de acuerdo. Y, sin embargo, esto dista mucho de ser aburrido.

    Personalmente me he "tomado la molestia", que diría Sabater, de hacer lo posible.
    En este enlace al periódico local El Ideal Gallego, se da cuenta del asunto con cierto decoro, y éste es el discurso que dirigimos a las víctimas, bien expresivo de nuestro estado de ánimo. Incluso resucitamos para la ocasión una asociación moribunda, estimulada por el latigazo de esa sentencia.

    Hasta aquí, supongo, todos de acuerdo, con los matices que se quiera.

    Pero hay algo más.
    Voy a hacer algunas preguntas:
    ¿Por qué ese tribunal europeo -que ya he dicho que es un tribunal político, como nuestro Constitucional, o sea, ... que no es un tribunal de justicia, aunque se disfraza con los dignos ropajes de la última instancia de la justicia- menosprecia los derechos fundamentales de los españoles a la vida y a la integridad hasta el extremo de abaratar penalmente su destrucción al nivel de la tasa más baja del mundo civilizado?
    En efecto, asesinar a un español, en el sistema construido por ese sedicente tribunal europeo, sale mucho más a cuenta que asesinar a cualquier otro ciudadano europeo, Incluso, a partir del segundo asesinato, salen penalmente gratis, el tercero, el cuarto, ... el enésimo. Para ese tribunal europeo que aplica una medida 'nacional' de los derechos humanos -que, antes de esta creación jurisprudencial, eran universales- matar a un español, sobre todo si es por razones políticas, es delito venial, en comparación con matar a un ciudadano de los otros países que lo sostienen. Para ninguno de ellos ha resultado tan oneroso. A ninguno ha insultado con la altanería y el desprecio que a nosotros.
    Con esta 'sententia' ha reinstaurado aquella penalidad que distinguía entre el homicidio de un ciudadano y el de un esclavo en el viejo derecho romano.
    Pero, ¿por qué?

    Y la siguiente cuestión es, ¿por qué 'España', el estado español, en este caso los órganos de su poder judicial, sin mediar otra instancia, se aprestan a obedecer con premura jerárquica, contra su propio estatuto orgánico, que no les reconoce superior alguno fuera de los límites de la soberanía del pueblo español?
    ¿por qué, por qué, por qué, ...? se interrogaba, retóricamente, aquel entrenador portugués, vehemente y malcriado.

    Y yo también me lo he preguntado: por qué nos hacen esto a los españoles, y solo a los españoles.

    Pues creo que las dos preguntas se responden del mismo modo. Veamos:

    ese tribunal político, repito (hoy mismo me he enterado por no-sé-cómo-encomiarle Santiago González, que el predecesor de López Guerra en ese tribunal, fue fulminado por aquella arpía que el anticristo Z hizo su segunda, MTFdlV, evidentemente, con el propósito de obtener esta 'sentencia' y, de paso, castigarle por haber obtenido a su vez la confirmación de la ilegalización de TODAS las marcas de Batasuna -que no se ejecutó-) ... ese tribunal político, repito, modificó su jurisprudencia en atención especial a nosotros, ... a nuestro 'proceso de paz', ... a nuestro conflicto internacionalizado por voluntad socialista, en las instituciones europeas ... si es que el bochorno nos permite recordarlo.

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  3. Hasta esta sentencia, el principio de irretroactividad de la ley penal se limitaba, propiamente, a la ley penal sustantiva, no a la forma de ejecución de la pena impuesta, que se consideraba una cuestión interna. la etarra Del Río, fue condenada a más de tres mil años con arreglo a la ley penal vigente al tiempo de sus crímenes. Y con arreglo a la misma, con una generosidad inusitada en Europa y en el mundo entero -no en vano esta es la patria de Concepción Arenal, o lo fue, cuando era una patria para alguien- se establecía un saldo general de treinta años por todos los crímenes. También es cierto que aquella ley tan generosa contenía una cláusula que hacía comprensible esa generosidad: la pena de muerte. Pero ésta fue derogada por la Constitución del 78, dejando así asimétrico o asistemático el código penal, llamado 'franquista' para cargarle también las culpas de la inanidad de esta democracia nuestra que ha encontrado en aquel régimen el chivo expiatorio de todas sus insuficiencias.
    Como se ha repetido estos días ante el horror que nos produce la inminente salida de la cárcel de decenas de asesinos en serie y otros macrocriminales, mientras los socialistas comisionados por el pobre pueblo español para hacer España irreconocible hasta para la madre que la pariera, mantenía esa legislación mancada, sólo en su 'parte buena', practicaban la pena de muerte sin juicio, mediante el terrorismo de estado, y tildaban de reaccionaria -esto, en concreto, por boca del mismísimo ZP, cuando aún no era ZP- a la derecha por insistir en varias ocasiones en la modificación de aquella legislación para el 'cumplimiento íntegro' de las penas impuestas por terrorismo y narcotráfico (siempre hay que acompañar el bocado con algo de miga de pan)
    Y, para que el juego malabar tuviese tres, y no sólo dos bolitas en el aire, la tercera era la reducción de penas por trabajo y estudios, que la administración penitenciaria socialista alentaba mediante todo tipo de fraudes. En concretar, en el caso de Inés del Río, aplicando como trabajo, la limpieza de su celda -también hubieran podido computar la regularidad de su tracto intestinal- y como estudio ciertos cursos 'presenciales' en la milagrosa universidad vasca, seguidos sin moverse de la cárcel -no sé por qué: si hubieran querido, la habrían soltado-

    Con todo esto, repito, ¿por qué ese tribunal ...?


    Pues porque, a diferencia de otros estados, España compareció ante ese tribunalito habiendo hecho una intensísima campaña en su contra, dirigida por el mismo gobierno, que:
    - con una 'autorización parlamentaria' que nadie ha derogado pese al cambio de mayoría, negoció con la banda terrorista, de poder a poder,
    - "internacionalizó el conflicto" conforme a los deseos de esa banda, otorgándole así la primera parte visible del siempre negado 'precio político'
    -sembró la división entre las víctimas mediante aquel 'alto comisionado' que me figuro que estará en el infierno
    - pobló los tribunales políticos de esbirros partidarios de esta política -, María Emilia, Salas y los suyos en el TC; López Guerra en este tribunal de cuya calidad ya nos podemos hacer una idea-
    etc,. etc.,

    Así, por primera vez, un magistrado propone una sentencia contraria al criterio de los órganos jurisdiccionales superiores del país que le ha designado. ¿Qué han de pensar sus colegas? Pues que se trata de lo mismo de siempre; que esa propuesta responde al interés nacional, fruto, tal vez, de una rectificación, y que responde a una política de estado -esto era evidente- y, además favorece al reo. Pues oye, si esto es lo que quieren los españoles, ellos sabrán.

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  4. amigos, ayer perdí un montón de texto por haberle dado a una tecla equivocada.
    No valía gran cosa, pero a mí me duele
    A ver si lo resumo:
    Ese tribunal europeo nos hace esto a los españoles, y sólo a los españoles. No es victimismo. Modificó su doctrina para la gran ocasión.

    Ello fue efecto de una política de estado desarrollada por el zapaterismo incluso desde antes de 2004, y asumida, en sus consecuencias, por el rajoyismo en 2008

    Pero las motivaciones de ambos difieren ligeramente.

    Z actuó por convicción, aunque pueda parecernos increíble a personas normales.

    Rajoy tomó nota de su fracaso y del éxito del otro y se aprestó a imitarle. Se rodeó de mujeres y dejó de lado el discurso fuerte contra el terrorismo, alejándose de las víctimas, de los liberales y de los conservadores –definiendo el partido en términos puramente negativos- y asimilándolo a la política vencedora, la socialista, constituyendo una alternativa al socialismo pero dentro de la única opción vencedora –de acuerdo con la concepción arriolista-: el socialismo.

    Ahora bien, Rajoy no hizo esto por perversión intrínseca, aunque es perverso carecer tan completamente de convicciones. Lo hizo para ganar las elecciones, imitando al ganador. Y las ganó.

    En realidad, somos nosotros, el electorado, que premió la rendición en 2004, calientes aún los cadáveres de casi doscientas víctimas en los trenes de Madrid, y que bendijo en 2008 la ruptura del pacto por las libertades y contra el terrorismo y su substitución por la negociación, es decir, la colaboración, con el terrorismo. Rajoy se ha dejado llevar por las pulsiones mayoritarias del rebaño de ñus.

    Al contario que Z, que substituyó a Javier Borrego, el abogado del estado que había defendido eficazmente en ese tribunal la depuración del sistema democrático de los mandatarios de ETA –sentencia que, como perjudicaba al complejo socialista-nacionalista-terrorista no se ejecutó-, Rajoy mantuvo a López Guerra, puesto por los socialistas con el designio contrario y la misma eficacia.

    El PP de Rajoy, y tal vez ningún PP, no está dispuesto a combatir ese complejo socialista-nacionalista-terrorista, un continuum, un movimiento que no necesita ganar las elecciones para ganar, como es evidente. Gana siempre.
    Y no está dispuesto porque conoce las veleidades del cuerpo electoral de ñus, a cuyas pulsiones instintivas e irracionales se somete, sin tratar de ‘liderarlas’ en ningún sentido.

    Dentro de la inmensa manada, quienes nos concentramos el domingo en Colón o nos dispersamos por algunas otras plazas de España, resultamos, en términos de pura aritmética electoral, despreciables, según del cálculo, hasta ahora acertado, de Arriola y Rajoy. Y eso es todo, o lo principal.

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  5. Saludos, John Carlos y Carlota.

    Ayer charlaba con mi hijo, que no entendía las razones que pudiera tener el gobierno de Rajoy, y de paso las que tuvo el de Zapatero, para promover una política de rendición a ETA, una vez que le resultaba evidente que de esto se trataba. No entendía que aquello obedeciera a una política electoralista, porque han tenido y están teniendo que engañar a la población, camuflando sus objetivos. Y si no se hacía en respuesta a las demandas de su electorado, ¿por qué se hacía? ¿Por qué se beneficiaba a una banda terrorista y se la estimulaba en sus pretensiones de destruir al estado, y se traicionaba a las víctimas y a la propia nación española?

    Desde luego, hay que bajar a las profundidades en las que fermentan estas motivaciones para saber por qué ocurren estas cosas. Y creo que esas motivaciones tan poco confesables se desenvuelven a lo largo de un continuo: en uno de los extremos del continuo se situarían los que simpatizan en alguna medida con ETA, personalidades en última instancia antisociales que se acoplan emocionalmente con facilidad a cualquier comportamiento que sirva como catalizador de su propia actitud antisocial. Personas, en fin, que simpatizan con todo lo que se oponga de alguna manera al sistema establecido. De este tipo de personas se podría nutrir la futura alianza entre batasunos y socialistas, de la misma manera que se nutrió la que hubo entre los socialistas y los herederos de Terra Lliure (Esquerra Republicana) en Cataluña.

    En el otro extremo del continuo en el que se sitúan los que han rendido el estado a ETA estarían los que simplemente son unos cobardes: no quieren que ETA mate porque podría ser que les matase a ellos. Y puesto que sus motivaciones para estar en la política son asimismo de baja calidad (las mismas que afluyen hacia la corrupción que campa por todos los sitios por los que asoman los políticos), no encuentran razones suficientes para enfrentarse desde el poder del estado a una banda terrorista. Así que prefieren ceder ante ella. Eso sí, vistiendo ridículamente su rendición como “derrota de ETA”.

    Creo que, desgraciadamente, el perfil de nuestros políticos (los que han dirigido nuestros destinos en los últimos tiempos) viene a coincidir con el de quienes se van situando entre esos dos extremos del continuo: gente antisocial, para la que quien se identifica con el propio país, es decir, se siente español, es un enemigo a batir (y aquí no estarían solo los nacionalistas), y gente cobarde, que entra en la política por motivaciones miserables, que tampoco tienen nada que ver con el bien común, y que, por tanto, no les importa vender a su país si así dejan de estar amenazados y pueden seguir manteniendo sus chiringuitos.

    Así de simple. Así de descorazonador.

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  6. Hemos cruzado nuestros mensajes, amiga Carlota, casi a la vez. Yo los veo como complementarios, aunque, desde otros parámetros, tú apuntas, además de a los políticos, a las miserias del cuerpo electoral que les respalda. Desde luego, estoy contigo.

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  7. si la responsabilidad primera y mayor por la situación política en una democracia representativa (vamos a dar algo por supuesto) corresponde a los representados o a los representantes, es un problema circular y tal vez insoluble o mal planteado, como el del huevo y la gallina.
    Parece que yo he puesto más el acento en los electores que en los electos, pero bien sabemos que las opciones que se ofrecen son limitadas, que articular una nueva cuesta lo que tú, Javier, bien sabes, y acaso no despegue más que a costa de una crisis espantosa (aún más); y, en definitiva, que la gente va donde la llevan. Así que devuelvo la responsabilidad a los electos, élites de ínfima calidad intelectual y moral.
    Pero no dejo de reconocer que la opción de decirle a ese tribunal político que se meta su sentencia por donde nos la ha metido a nosotros, tiene su mayor enemigo, no en el exterior, sino en el interior, entre nosotros. (Por lo que, insisto, dicha sentencia ha sido posible)
    Cierto que no hay coraje, en Rajoy ni en todo su partido comodón, acomodaticio y acomodado para apelar a la soberanía nacional, denunciar el tratado que nos depara este trato humillante y mantener las sentencias del Supremo órgano jurisdiccional español, conformes con nuestro propio ordenamiento, que ya tiene bastantes grietas como para que nos lo agujereen quienes, desde fuera, no conocen nada parecido a lo que aquí hemos vivido y vivimos -porque es inconcebible-.
    Esa opción, que jamás ha estado en el ánimo de Rajoy ni del pp, tendría entre nosotros orgullosos y esforzados defensores, pero muchos más enemigos encarnizado y violentos en toda la gama de matices, desde la asquerosa violencia 'intelectual' exhibida, por ejemplo, en el título de un artículo publicado en el periódico de referencia en Galicia -sin contraste alguno de opiniones distintas-: "doctrina Parot, entre la rabia y la razón jurídica" (¿será necesario aclarar a quienes se adjudican esas etiquetas?) ... hasta la misma violencia terrorista que ha generado tantos adeptos, tantos intelectuales comprensivos, tanta basura.

    Tengo que reconocer que es muy posible que el reto que acabo de enunciar, no supera sólo a ese pobre partido ni liberal ni conservador. Me temo, con amarga convicción, que supera al país entero, tal cual ha llegado a la altura de los tiempos, envenenado por la dieta moral de PRISA durante tres décadas, en todos los niveles de la producción simbólica, desde la escuela hasta el asilo, perdón, hogar de la tercera edad.

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  8. Grandes los dos, Carlota y Javier. Tengo que decir que también creo que hasta que los españoles descubran lo que se juegan y que la indiferencia sólo consigue reforzar a los monstruos, nos quedan muchas cosas por ver.
    No viene muy a cuento :), pero he estado viendo estos días una serie de documentales sobre Yugoslavia - La muerte de Yugoslavia, en youtube -, dónde se puede ver cómo cadenas de pequeñas decisiones conducen a tragedias colectivas. Tal vez, tengamos que caer aún más y llevarnos más golpes para descubrir la importancia de los valores ciudadanos y del patriotismo. Ojalá me equivoque.

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