España: ¿una sociedad enferma?

     Hace un par de artículos situábamos el fundamento de las enfermedades en general en el hecho de que una parte del organismo se separara del todo e intentara hacer la vida por su cuenta. Como, según argumentamos allí, el todo no es en el organismo una mera suma de partes, sino que está incluido en cada una de ellas, esa evasión del destino común resultaba perjudicial, y en última instancia fatal, para el organismo. Sigmund Freud sustentaba este argumento sobre su teoría de la existencia de dos instintos básicos, Eros y Tánatos, instinto de vida e instinto de muerte; y así, afirmaba: “El fin del Eros consiste en establecer unidades cada vez mayores, y por consiguiente conservar; es la ligazón. El fin de la otra pulsión (Tánatos) es, por el contrario, romper las relaciones, y por consiguiente destruir las cosas”. Miguel de Unamuno ratificó este modo de ver el problema de la enfermedad de esta otra manera: “Una enfermedad es, en cierto respecto, una disociación orgánica; es un órgano o un elemento cualquiera del cuerpo vivo que se rebela, rompe la sinergia vital y conspira a un fin distinto del que conspiran los demás elementos con él coordinados (…). Todo lo que en mí conspire a romper la unidad y la continuidad de mi vida, conspira a destruirme y, por lo tanto, a destruirse”.

ILUSTRACIÓN: SAMUEL MARTÍNEZ ORTIZ

     Pues bien, a la hora de analizar la salud de una sociedad, siguen siendo válidas estas claves que nos servían para comprender cómo se originan las enfermedades de los organismos en general. Si sustituimos instinto de vida por civilización e instinto de muerte por barbarie, esta manera en que Ortega y Gasset formula la cuestión viene en este otro ámbito a ser equivalente a aquella en que lo hizo Freud y, por extensión, Unamuno cuando se referían a las enfermedades orgánicas: “Civilización es –dice, pues, Ortega–, antes que nada, voluntad de convivencia. Se es incivil y bárbaro en la medida en que no se cuente con los demás. La barbarie es tendencia a la disociación. Y así todas las épocas bárbaras han sido tiempos de desparramamiento humano, pululación de mínimos grupos separados y hostiles”. Y conocida es la idea del mismo Ortega a propósito de considerar el particularismo, la tendencia a la disociación, como el principal problema que tenemos los españoles. León Felipe era de la misma opinión, como dejó expresado en estos versos suyos:

“Aquí el hacha es la ley

y la unidad el átomo,

el átomo amarillo y rencoroso.

Y el hacha es la que triunfa”

     La falta de conciencia entre nosotros de lo que significa esta propensión nuestra a la enfermedad colectiva, el tratar de convertir en signos de normalidad lo que no son sino claros síntomas de nuestros padecimientos básicos, el intentar convivir a la par con los agentes de nuestra enfermedad nacional, con los particularismos que lo que buscan es la destrucción del conjunto, llevó a los gestores de nuestra Transición a la democracia a inocular de una manera fatal, unas veces de manera explícita y otras subrepticiamente, el germen de nuestra enfermedad colectiva en la Constitución y en las leyes que la desarrollaron, de modo que ese germen no ha hecho más que crecer y extenderse, llegando a amenazar gravemente la existencia de nuestro organismo nacional. Me refiero ante todo, claro está, y para empezar, a la carta blanca que se les otorgó a nuestros nacionalismos y protonacionalismos para que pudieran extender entre nosotros la idea de que no había una nación común en la que todos pudiéramos cobijarnos, o, si la había, era prácticamente irrelevante, idea que rápidamente se materializó en el esperpento de que incluso la palabra “España” se convirtiera en políticamente incorrecta. Desde la Transición, las tendencias centrífugas se han desarrollado entre nosotros hasta el punto de que, por ejemplo, nuestros escolares no puedan estudiar en el idioma común en muchas partes de nuestro territorio (fenómeno inédito en el mundo), o incluso de que en grandes áreas de la administración pública hayan tomado el poder los que durante muchos años practicaron el terrorismo como método para llegar, precisamente, a donde hoy están.

     Pero no solo los nacionalismos son el síntoma de nuestra enfermedad colectiva, aunque es evidentemente el más grave. También las ideologías extremistas, propensas al totalitarismo, que verían realizarse sus aspiraciones solo si excluyen de la participación en la democracia a buena parte de la sociedad, son otro grave síntoma de particularismo, de tumor canceroso. Y en los últimos tiempos, la aparición de contingentes humanos atraídos por la inmigración, que no solo no aceptan incorporarse a nuestra modo de vida colectivo y a nuestros valores comunes, sino que son abiertamente hostiles a ellos, vienen a agudizar los males de nuestro organismo nacional. Sin olvidar ese otro factor añadido, en buena medida resultado de los anteriores, que es el hecho de que tantos individuos se sientan desvinculados de la marcha de la sociedad y atiendan solo a los que son sus más inmediatos intereses. De nuevo Ortega amplía la idea de enfermedad, de crisis colectiva que sufrimos a través de una reflexión que esta vez incluye a Occidente en general, pero en la que claramente se vislumbra que España está, lamentablemente, en la vanguardia de los males que diagnostica: “Os invito a que imaginéis (el) caso de un hombre que se encuentra sin saber lo que tiene que hacer, lo que tiene que ser; que no lleva dentro de sí ningún horizonte de vida sinceramente suyo que se le imponga con plenitud y sin reserva (…)  Pues bien: yo creo que esto es lo que acontece a los hombres de Occidente: no saben de verdad qué hacer, qué ser, ni individual ni colectivamente”. Lo cual se traduce en una serie de comportamientos característicos: “En todas partes se advierte una protesta, una urgencia por reformar todo y por reformarlo hasta la raíz, que contrasta ostensiblemente con la falta de ideas claras sobre la sociedad, sobre el individuo”.

     Que ya desde los inicios de la Transición la trayectoria escogida por nuestros legisladores y gobernantes fue equivocada y que optó por seguir derroteros que en buena medida eran las que propugnaban nuestros instintos de muerte, se puede comprobar analizando la evolución de diferentes indicadores de salud social.

     Ha de resultar especialmente significativo analizar el índice de fracasos matrimoniales, puesto que es en los ámbitos familiares desestructurados donde se incuban muchos de los problemas indicativos de falta de salud social que después habrán de aparecer: suicidios, drogadicciones, fracaso escolar, comportamientos delictivos… Pues bien, España está a la cabeza del mundo en número de divorcios y rupturas matrimoniales, partiendo de la situación contraria cuando se legalizó el divorcio, en 1981. En este año, 1981, el número de rupturas fue de 16.362. En el año 2000, habían pasado  a ser 102.403. En 2014, el número total de rupturas, según datos del Instituto Nacional de Estadística, fue de 105.893. La tasa de rupturas matrimoniales por cada 1.000 habitantes en España fue de 2,3 en este año 2014. Lo cual quiere decir que en España un 61% de las uniones acaban en ruptura. En Europa estamos solo por detrás de Bélgica (70%), Portugal (68%), Hungría (67%) y la República Checa (66%). Y el hecho es que nueve de los diez países con más altas tasas de ruptura matrimonial en el mundo son europeos. Al tiempo, aumentan también en España los nacidos fuera del matrimonio y disminuyen constantemente los casamientos. Asimismo, los españoles se casan cada vez más mayores, con una media de 34,1 años en mujeres y de 37,2 años en hombres. Estos datos han de estar relacionados, sin duda, con el hecho de que la infidelidad sea también una conducta en la que los españoles estamos de nuevo  a la cabeza de Europa, según los datos de la red social para infieles Ashley Madison, la más importante de las redes que proporcionan “infidelidad sin riesgo” a sus usuarios.

     Inmediatamente relacionados con los datos anteriores están los referidos a la evolución de la demografía en España: en 1975, los nacimientos fueron 669.000. En 2015, fueron 426.000. Defunciones en 1975: 298.000. En 2015: 396.000. En suma, nos hemos adentrado en un auténtico invierno demográfico. A 1 de enero de 2015, los nacimientos habían superado a las defunciones en solo 29.974 personas, cuando en 1975 fueron de 371.000 personas la diferencia. El índice de fecundidad (número medio de hijos por mujer) es en 2014 de 1,32, cuando se necesita que sea de 2,1 para que la población se mantenga estable. Somos el país número 184 en tasa de natalidad y el 182 en índice de fecundidad de los 192 países publicados por DatosMacro.com. En 1978, en los inicios de nuestra Transición, la tasa de natalidad era, sin embargo, en España de 2,55. Esa tasa fue decreciendo todos los años hasta que en el 2000 llegó a ser de 1,23. De entonces hasta ahora hemos subido a 1,32. Estamos a la cola del mundo. Recordemos de pasada, para ambientarnos, que uno de los principales síntomas que anunciaron la decadencia en la Grecia de las Guerras del Peloponeso y en la Roma de los siglos III y IV fue precisamente la bajísima tasa de natalidad.

     En cuanto a fracaso escolar, España se ha situado en 2011, 2012, 2013 y 2014 a la cabeza de Europa en abandono escolar temprano, que hace referencia a los jóvenes de 18 a 24 años que dejaron sus estudios tras completar la educación obligatoria o antes de graduarse. Según los datos publicados por la oficina de estadística comunitaria Eurostat, en 2014 la tasa de abandono fue de 21,6%, el doble de la media comunitaria, que fue del 11,1%. En 2006 la tasa había sido de 30,3%. La paradoja es que el de 2014 fue nuestro mejor dato histórico. Lo que ocurre es que, en el mismo tiempo, los demás países han hecho mejor los deberes.

     Repasemos ahora el índice de suicidios (en lo que España nunca ha destacado). En 1975, fueron 1.366 las personas que se suicidaron. En 1980, fueron 1.652, lo que suponía una tasa de 4,39 suicidios por cada 100.000 habitantes, tasa que fue creciendo hasta alcanzar un máximo de 8,51 en 1997. Llegamos al año 2012, año en que se registran 3.539 casos de suicidio, de los cuales 2.724 corresponden a hombres y 815 a mujeres, un 7,57 por cada cien mil. Y en 2014 fueron 3.870. En el resto del mundo, la media es mayor, de 10 suicidios por cada cien mil habitantes, pero la progresión registrada en nuestro país desde la Transición resulta significativa independientemente de esos otros datos comparativos.

     Respecto de los datos sobre criminalidad suministrados por el Ministerio del Interior, solo son accesibles los referidos a los años que van desde el año 2000 al 2010. En las regiones controladas por la Guardia Civil y la Policía Nacional, la tasa de delitos y faltas por cien mil habitantes (denunciados, claro está) ha disminuido ligeramente, de 45,9 a 45,1. Sin embargo, esta cifra afecta sobre todo a los delitos contra el patrimonio, pues los delitos contra la vida, libertad e integridad de las personas han aumentado en este período de 60.209 a 103.155 (de 1,61 a 2,66 por cada 1.000 habitantes). De entre ellos, los que más han aumentado son los malos tratos en el ámbito familiar: de 6,6 por cada 10.000 habitantes en el año 2000 a 16,4 en el 2010. El mayor índice de muertes violentas en el ámbito familiar se produce proporcionalmente entre los inmigrantes. Todo lo cual abunda en la idea de que la familia no es en nuestro ámbito una institución precisamente estable y estructurada, y es aquí donde deberían apuntar las medidas contra la violencia doméstica, y no tanto a la promulgación de leyes sexistas y a la organización de manifestaciones. También los delitos por posesión y consumo de drogas han crecido de 16.543 hasta 55.827 en este período.

     Que, en conjunto, los delitos disminuyan es un dato que hay que poner en relación con los de los demás países. Steven Pinker, destacado psicólogo canadiense que se ha hecho famoso por sus investigaciones históricas sobre el desarrollo de la criminalidad en el mundo ha declarado en una reciente entrevista que en Estados Unidos el crimen ha disminuido un 50 por ciento en los últimos 20 años. Igual que en Bogotá o Río de Janeiro. Una de las razones por las que el crimen ha disminuido en las ciudades norteamericanas es que la Policía puede monitorear los barrios donde se producen más crímenes. En su último libro, “Los ángeles que llevamos dentro”, Pinker lleva a cabo una minuciosa investigación que le ha permitido concluir que los porcentajes de homicidios en Europa se han dividido al menos por 30 desde la Edad Media: de aproximadamente 40 personas por cada cien mil al año en el siglo XIV a 1,3 al final del XX. No parece, pues, que la disminución de la criminalidad en nuestro país sea un dato comparativo como para tirar cohetes.

     En España, los cuerpos policiales han aumentado sensiblemente a lo largo de nuestra trayectoria democrática, lo cual también tendrá que haber influido en la evolución de nuestra criminalidad (además del desarrollo tecnológico de sistemas de videovigilancia y otros). El número de efectivos conjuntos de Guardia Civil y Policía Nacional ha ido creciendo a lo largo del tiempo desde los inicios de la democracia. Desde 2003, en que eran 118.666, fueron creciendo hasta 155.810 en 2011. En 2014 han pasado a ser 152.302, a los que hay que sumar 8.000 agentes de la Ertzaintza, 16.973 Mozos de Escuadra, 1.000 agentes de la Policía Foral Navarra y decenas de miles de policías locales, policías privados y guardias de seguridad. Según los datos del Boletín Estadístico del Personal al Servicio de las Administraciones Públicas de enero de 2014, en España había un total de 233.336 miembros de fuerzas de seguridad. Según Eurostat, en 2012, eran 534 policías por cada 100.000 habitantes, el cuarto país de Europa con un mayor despliegue policial en proporción a su población, sólo por detrás de Chipre, Italia y Croacia. Respecto de los datos sobre población penal, en 1975, el número de internos en las cárceles españolas, tanto hombres como mujeres, era de 8.440. Y a principios de 2015 era de 65.000 personas, casi ocho veces más.

     Y analicemos, en fin, un último dato, la evolución del consumo de drogas en nuestro país. El Instituto Nacional de Estadística proporciona datos sobre el consumo de drogas en la población entre 15 y 64 años en el período comprendido entre 1995 y 2009, tomando como medida el hecho de haber consumido la sustancia alguna vez en la vida. El consumo de cannabis ha ido aumentando desde un 14,5 por cada cien habitantes en 1995 hasta el 27,4 en 2011 (32,1 en 2009). En ese mismo período, el consumo de éxtasis ha aumentado desde el 2% al 3,6% (4,9% en 2009). Los alucinógenos, del 2,1 al 3,7%. Anfetaminas, del 2,3 al 2,9% (3,7% en 2009). La cocaína base del 0,3 al 0,9%; respecto de la cocaína en general solo hay datos referidos al 2007 (8,3%), a 2009 (10,2%) y a 2011 (8,8%); la heroína, por el contrario, ha disminuido del 0,8 al 0,6% entre 1995 y 2011. Respecto del consumo de tranquilizantes, solo hay datos sobre la evolución de su consumo entre 2005 (7% de la población) y 2011 (17,1%). Somos, junto a Reino Unido y Francia, los líderes en el consumo de cannabis y cocaína entre los jóvenes.

     Habíamos titulado este artículo: “España: ¿una sociedad enferma?”. A estas alturas del mismo podemos perder el miedo y atrevernos definitivamente a quitar del título los signos de interrogación. Pero puestos a anudar nuestras conclusiones con los puntos de partida, resaltemos que hacia donde aquí se apunta como causa estructural de la evolución expuesta es al virus de particularismo que se inoculó en la sin duda bienintencionada Constitución de 1978. Como de costumbre, el camino del infierno está sembrado de buenas intenciones.